El poder y la democracia
Por Sergio, Lector de los Hijos de Mafalda
Cinco fiscales y un juez de flagrancia observaron desde el 4ª piso del centro de detención de Santiago como carabineros de fuerzas especiales reprimían una marcha de alrededor de 1200 jóvenes que marchaban hacia este lugar, con el fin de acompañar a sus compañeros detenidos en la marcha estudiantil del día miércoles, en especial al joven secuestrado y torturado por la PDI, en tales circunstancias las autoridades legislativas pudieron constatar, que carabineros vulneraba los derechos de los jóvenes, ya que podía impedir que transitaran por la calzada, pero no podía impedir el tránsito por la vereda, ante esta conducta ilegal y la violencia ejercida por la policía uniformada se hicieron presentes en el lugar para llamar la atención de lo que sucedía, pero a pesar de su investidura y rango el juez de la república fue reprimido por las fuerzas especiales junto a los fiscales, al pedir explicaciones al oficial a cargo del procedimiento este los insultó y se burló del magistrado, así ese juez y los fiscales sintieron la brutal represión del estado en carne propia, tanto física como de vulneración de derechos constitucionales, por supuesto este juez fue de queja a la corte suprema y los fiscales a través de la asociación de fiscales llevó una carta a la moneda, el ministerio del interior a través de su ministro hizo una tibia declaración.
Mas allá de las medidas que tome el gobierno, hay varias aristas que analizar, a la luz de los hechos:
Primero, que la represión a las marchas estudiantiles es una cuestión estratégica para el gobierno, destinando recursos y facultades a ambas policías que pasan por sobre el poder judicial.
Segundo, que si las policías vulneran el derecho a libre desplazamiento a un juez de la república y a cinco fiscales, que son precisamente los que cautelan los derechos de los ciudadanos que más podría esperarse de la vulneración de derechos constitucionales de los simples ciudadanos por parte de ambas policias.
Tercero, que frente a estos hechos la policía y quien les ordena y da las pautas de la represión es decir el ministerio del interior, o sea el gobierno son fuerzas intocables, que no obedecen a nadie, que ejercen un poder absoluto golpeando o vulnerando derechos constitucionales, o sea una dictadura.
Cuarto, un pueblo con historia reciente de dictaduras abusos y crímenes en contra de los ciudadanos y la democracia, no puede quedarse parado incólume como espectador frente a tanta atrocidad vulgar e insolente, este actuar no casual ni aislado, sino confabulado organizado como estrategia desde las más altas esferas del poder, justifica cualquier forma de resistencia en defensa de la democracia de los derechos constitucionales y de los derechos humanos, podríamos decir que los “encapuchados” son legítimos defensores de sus derechos constitucionales, de la ciudadanía y de la democracia, cuando utilizan la violencia en contra de los que aún se creen que tienen un poder superior a la ley y la constitución.
Con todo lo malo que la constitución de la dictadura, sin duda tiene, ni aún sus defensores la respetan, el poder no yace en ningún papel, por más solemne que este sea el poder es ejercido en este caso en forma brutal por un grupo de personas que sí son minoría, son los dueños de los medios de producción del agua del mar de las comunicaciones etc. Esta reflexión puede dejarnos cabizbajos y negativos, pero no, no es así, porque si hoy el poder, que no yace en ningún papel, está en manos de una minoría que lo ejerce aún rompiendo sus propias reglas, también el pueblo puede y debe disputar el poder que debe volver a manos de un pueblo conciente capaz de ejercerlo legítimamente más alla de reescribirlo en otro papel.