EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PENSIONES AFP O MÁS DINERO PARA LOS EMPRESARIOS.

Después de muchos años de haber dado una lucha metódica y sistemática, contra el sistema de pensiones en Chile, por fin hace unas semanas se realizó una marcha masiva y de carácter nacional que pone en el tapete el problema que generan estas instituciones. A la fecha, todas y todos sabemos que estas empresas son un negocio billonario que sólo ha beneficiado a los empresarios nacionales y extranjeros. A pesar de eso hoy existe un porcentaje importante de la población, que no ha logrado comprender que el ahorro forzoso al que somos sometidos las y los trabajadores chilenos, no es más que el mecanismo por el cual los empresarios obtienen dinero barato vía crédito, con el cual realizar sus negocios.

         En la actualidad, un grupo importante de chilenos ha logrado percibir solo como el sistema de AFP afecta directamente sus jubilaciones, sin comprender necesariamente que, el sistema de pensiones es la fuente de recursos económicos frescos destinados a la inversión. Un elemento que la gran mayoría de las y los chilenos no sabe, es que los grandes empresarios de nuestro país, para invertir en sus negocios, NO utilizan su propio dinero, y esto ocurre por dos motivos específicos, el primero de ellos es que, cuando un empresario utiliza su propio dinero para invertir, este debe pagar impuestos, situación que no ocurre cuando invierte con dinero prestado, ya que “la inversión con dinero de crédito bancario NO paga impuestos”, en segundo lugar, cuando un empresario invierte en un negocio con su propio dinero, existe la posibilidad que le vaya mal y pierda su inversión, situación que no ocurre cuando invierte con dinero prestado, ya que si el negocio no resulta se pierde el dinero del préstamo nada más, y estos recursos además están asegurados, por lo tanto, el empresario no pierde nada.

Bajo la consigna del fin de las AFP, un grupo de ciudadanos y organizaciones han tomado la decisión de comenzar un proceso que se traduzca en la transformación del sistema de pensiones nacionales, acción que se ha expresado en un movimiento social que se manifiesta abiertamente en las calles de nuestras ciudades. Finalmente la movilización social, logró que los verdaderos interesados por el sistema de pensiones asumieran la necesidad de generar algunas modificaciones al modelo de pensiones, es así como los hermanos Piñera salen en defensa de las AFP, acción que es acompañada por los representantes políticos del empresariado presente en el congreso, para finalmente cuajar estos cambios en la propuesta realizada por nuestra Presidenta Michelle Bachelet el día 9 de agosto en cadena nacional, donde expone que:

• 1.- Aumento cotización en 5% la tasa de cotización en un plazo máximo de 10 años con cargo a empleador
• 2.- Fortalecer el actual pilar solidario de invalidez y vejez, que permita asegurar la pensión mínima a aquellos que no han trabajado o que carecen de cotizaciones.
• 3.- La actual cotización del 10% seguirá siendo depositada en las cuentas individuales de propiedad de cada trabajador, y se continuará incentivando el ahorro voluntario tanto individual como colectivo.
• 4.- Cambio regulatorio al sistema de pensiones. Específicamente en los periodos en que los fondos de un afiliado tengan rentabilidad negativa, las administradoras deberán devolver en su cuenta las comisiones cobradas durante ese tiempo. Incorporación de representantes elegidos de los cotizantes en la administración de los fondos.
• 5.- Cambios de parámetros que se usan para estimar las pensiones. Esto incluye incorporar gradualmente la obligación de cotizar a quienes desarrollan carreras laborales o tienen periodos laborales como independientes.

Finamente nuestra Presidenta asegura la creación de una AFP estatal, con la cual se fortalecerá la competencia del mercado de las aseguradoras de pensiones.

Frente a lo expuesto, se nos presentan un conjunto de preguntas, cómo por ejemplo si ¿ el aumento de la cotización en 5% en un plazo máximo de 10 años con cargo al empleador, en que momento mejorará las pensiones? o ¿sí este aporte del 5% realizado por el empresario será subsidiado por el Estado como se está haciendo hasta ahora?, o sí ¿ el aporte del 5% realizado por el empresario será traspasado a los trabajadores y trabajadoras en forma de disminución del salario?. Estas son las preguntas que nos nacen sólo a partir del primer punto expuesto por nuestra Presidenta.

Sólo para hacer memoria, debemos recordar que, de nuestro salario mensual se nos descuenta el 20%, el que es dividido en un 7% para salud FONASA o ISAPRE, un 12,3% pasa directamente a las AFP, y el saldo del 0,7%, pasa aun seguro de cesantía administrado por las mismas AFP. Un segundo elemento es, que para que una AFP pague una jubilación o pensión completa, un trabajador o trabajadora debe cotizar por un periodo de 45 años ininterrumpido, de otra forma su pensión se reducirá sistemáticamente. En tercer lugar, quisiéramos recordar que a la fecha ninguna AFP a pagado una pensión completa, ya que a la fecha, las aseguradoras de fondos de pensiones no cumplen los 45 años de vida, esto ocurrirá recién en 2024, por lo tanto, todas las pensiones que pagan las AFP se encuentran subsidiadas por el Estado, quién ha traspasado a estas empresas miles de millones de pesos del dinero de nuestros impuestos a la empresa privada. En cuarto lugar, las administradoras de pensiones, luego de las modificaciones realizadas por R. Lagos en el año 2002, han sufrido millonarias pérdidas de nuestros recursos, alcanzando por lo menos el 40% del total de nuestros ahorros previsionales. Finalmente, las AFP, viendo que serán incapaces de enfrentar el pago de las jubilaciones a contar del año 2024, han implementado un sistema de traspaso de las pensiones a las empresas aseguradoras de fondos mutuos, quienes finalmente se harán cargo del pago de las jubilaciones en forma de “Pensiones Vitalicias”, acción con las que finalmente las AFP se terminarán lavando las manos de su responsabilidad con la jubilación de las y los trabajadores.

La Propuesta Presidencial

Analicemos la propuesta anunciada por nuestra Presidenta, para ellos retomaremos las preguntas expuestas anteriormente, la primera de ellas es: ¿el aumento de la cotización en 5% en un plazo máximo de 10 años con cargo al empleador, en que momento mejorará las pensiones?, la pregunta entrega la respuesta, las pensiones recién comenzarán a mejorar en un plazo de 10 años, lo que quiere decir que, la miseria en la que viven los actuales pensionados no tendrá ninguna mejora, ya que ellos no recibirán este beneficio, por otro lado, las y los trabajadores que se jubilen en este plazo de tiempo, podrían percibir alguna mejoría, siempre y cuando se pensionen una vez que esta ley o modificación haya sido aprobada por nuestro congreso nacional, mientras esto no ocurre, las AFP seguirán siendo una fábrica de pobres.

Con respecto de si ¿este aporte del 5% realizado por el empresario será subsidiado por el Estado como se está haciendo hasta ahora?, la pregunta es totalmente atingente, ya que la Ley 20.255 del año 2008 establece que para los trabajadores jóvenes de entre 18 y 35 años, existen dos tipos de subsidio, el primero es el subsidio a la contratación, donde el Estado paga el 50% del sueldo de las y los trabajadores entre 18 y 35 años contratados por cualquier empresa, y el segundo subsidio, es a la cotización de las AFPs, que garantiza que el Estado pagará el 50% de las cotizaciones de las y los trabajadores entre 18 y 35 años contratados por cualquier empresa. Esto no es más que un ejemplo de las políticas del Estado subsidiario que busca beneficiar exclusivamente a los empresarios. Por lo tanto, está propuesta no necesariamente es nueva, ya que el Estado a la fecha ya paga el 50% de las cotizaciones de la AFP[1]. Un segundo elemento, es que este aporte del 5% se recaude en un fondo especial que será destinado exclusivamente a mejorar las pensiones más bajas, y no beneficie a todas y todos los cotizantes del sistema.

Por otro lado existe la posibilidad de que el ¿aporte del 5% realizado por el empresario será traspasado a los trabajadores y trabajadoras en forma de disminución del salario?, lo que no sería nada extraño, ya que vivimos en un país donde el costo de todas las alzas son traspasados o indexada directamente a las y los ciudadanos de nuestra nación.

Pero esta medida tienen un elemento relevante, que no queda muy explícito, cual es que, el aumento de este 5% a las cotizaciones son un nuevo ingreso millonario para las AFPs, de esta forma el Ministro de Hacienda declaró que este porcentaje se traducirá en mil millones de dólares, los que serán recibidos por las administradoras de pensiones. Que significa esto, que las administradoras de fondos de pensiones contarán con más recursos económicos para financiar las inversiones de los empresarios nacionales y extranjeros, financiamiento que se seguirá realizando con el dinero de las y los trabajadores.

El segundo punto expuesto por nuestra presidenta, señala que: se “fortalecerá el actual pilar solidario de invalidez y vejez, que permita asegurar la pensión mínima a aquellos que no han trabajado o que carecen de cotizaciones”. Lo primero que debemos entender, es que este pilar solidario, es el sistema de pensiones pagado exclusivamente por el “Estado”, que es totalmente diferente a las pensiones que pagan las AFP. Por otro lado, este punto nuevamente nos remite a la Ley 20.255 del año 2008, creada en el primer mandato de nuestra Presidenta, y lo único que nos da a entender es que el Estado, o sea todos los y las chilenas, financiaremos vía de nuestros impuestos el aumento de estas pensiones, y esto ocurre porque ellas, como ya lo expusimos, no son pagadas por las AFP, todo lo contrario, son pagadas directamente por nuestro Estado, en consecuencia, se financian vía impuestos.

El punto tres de la propuesta, expone que: “La actual cotización del 10% seguirá siendo depositada en las cuentas individuales de propiedad de cada trabajador, y se continuará incentivando el ahorro voluntario tanto individual como colectivo”, esto sólo nos asegura que el actual modelo de cotización se mantendrá en el tiempo, por lo que debemos asumir que no existe en la práctica ninguna modificación al sistema actual de ahorro forzoso. La pregunta que se nos presenta es ¿cómo se integrará este 5% de aumento de la cotización a nuestras pensiones?, ya que se nos da a entender que nuestro ahorro forzoso no aumentará, por lo mismo este 5% queda en el aire, o más precisamente se transforman en un fondo solidario, que será repartido bajo criterios que no conocemos, y que hipotéticamente beneficiará de forma exclusiva a las y los más pobres de nuestra nación. Hasta el momento, lo único que nos queda claro sobre este 5%, es que son recursos frescos para las AFP y los empresarios, acción que es reflejo directo del modelo económico subsidiario chileno.

El cuarto punto de la propuesta presidencial, expone que se producirá un “cambio regulatorio al sistema de pensiones. Específicamente en los periodos en que los fondos de un afiliado tengan rentabilidad negativa, las administradoras deberán devolver en su cuenta las comisiones cobradas durante ese tiempo y que se producirá la incorporación de representantes elegidos de los cotizantes en la administración de los fondos”, acá destacamos 2 puntos diferentes, el primero de ellos está asociado a la devolución “las comisiones cobradas” por la AFP cuando el cotizante tenga rentabilidad negativa. Ahora bien, esto en ningún caso expone que las administradoras de fondos de pensiones cubrirán las pérdidas de los afiliados producidas por sus malas inversiones, por el contrario, nos está dando a entender que cuando se produzcan pérdidas de nuestros ahorros forzosos, las AFP no deben cobrar por la administración, es como si nos dijeran “chucha perdimos su plata, y no la podemos recuperar, pero como ya la cagamos, no le cobraremos por haberla perdido”, parece chistoso pero es así de terrible este punto. Si efectivamente existiera la intención de frenar las pérdidas de nuestros ahorros forzosos, lo primero que se debe hacer es derogar la Ley 19.795 del año 2002, promulgado por Ricardo Lagos, que lo único que hizo fue eliminar los mecanismos de protección de nuestros ahorros de pensiones. Esto también es un chiste, ya que estamos exponiendo que el marco legal impuesto a sangre y fuego por la tiranía que se traduce en la D.L 3.500 que da vida a las AFP es mejor que las leyes creadas en esta supuesta democracia. Es como si no nos quedará alternativa que defender el sistema creado por José Piñera.

Este mismo punto se propone la “incorporación de representantes elegidos de los cotizantes en la administración de los fondos”, esto nos quiere dar a entender que las y los trabajadores que somos sometidos al ahorro forzoso nos deberemos organizar para enfrentar un proceso electoral destinado a elegir a nuestros representantes. Esto al parecer es una muy buena idea, pero nos enfrentamos a una realidad esquizofrénica, que en cada elección nos demuestra que a pesar de las injusticias, corrupción y abuso realizado por los propietarios del poder, nuestro pueblo sigue eligiendo a los mismos representantes, que finalmente están al servicio del empresariado, a lo que debemos sumar que las fuerzas políticas que hemos luchado por el fin o transformación del sistema de pensiones, nos encontramos totalmente desorganizados y atomizados, lo que se traduce en que si nos enfrentamos a una elección de este tipo terminaremos perdiendo, y serán electos los representantes de los empresarios, por lo que esta propuesta no es ninguna solución para enfrentar el problema de las pensiones. Y si por esas casualidades alguno de nosotros fuese electo, nos enfrentaríamos al marco legal que rige el sistema, el cual no puede ser modificado por los administradores, ya que dicha función es responsabilidad de la Presidencia y el Congreso, espacio en el cual nuestro pueblo no se encuentra representado. Finalmente, en este proceso electoral, nos deberemos enfrentar a la desconfianza y rechazo de nuestro pueblo a la política, situación creada directamente por quienes nos gobiernan y dicen querer mejorar nuestras pensiones.

El quinto punto, expone que se producirán “cambios de parámetros que se usan para estimar las pensiones. Esto incluye incorporar gradualmente la obligación de cotizar a quienes desarrollan carreras laborales o tienen periodos laborales como independientes”. Como se puede observar, se exponen dos propuestas diferentes pero complementarias, la primera de ellas es “cambios de parámetros que se usan para estimar las pensiones”, lo que nos da a entender específicamente un hecho que se viene discutiendo hace ya bastante tiempo, cual es, el aumento de la edad para la jubilación. Frente a esta propuesta, existen dos posibilidades ya discutidas y medianamente aceptadas por el gobierno, la primera de ellas es que las trabajadoras jubilen a los 63 años y los trabajadores lo hagan a los 67 años, pero existe una propuesta más extremista, que establece que las mujeres se pensionen a los 65 años, cuestión que ya se está llevando a efecto gracias a la Ley 20.255 del año 2008, que estableció que todas las trabajadoras que optarán al bono por hijo nacido vivo, para obtener este beneficio deben jubilar a los 65 años, y para el caso de los trabajadores, estos deben hacerlo a los 68 años.

El segundo elemento de este quinto punto, establece la incorporación gradual de la obligación de cotizar a quienes desarrollan carreras laborales o tienen periodos laborales como independientes, aún que parezca algo nuevo, esta propuesta es añeja, ya que aún que parezca chiste nuevamente nos debemos remitir a la Ley 20.255 del 2008, que estableció que las y los trabajadores a honorarios deben ser sometidos al ahorro forzoso del 10% de sus ingresos, a partir del 2016. Este porcentaje del salario no es nada menos que el descuento que el empleador retiene mensualmente, al momento de emitir la boleta de honorarios, dinero que el Estado trabajaba por un año y que después reintegraba a las y los trabajadores por medio de la operación renta. ¿Qué quiere decir esto?, fácil ya que a la fecha “existen alrededor de 1,1 millones de personas que reciben ingresos por concepto de honorarios[2]”, distribuidos a nivel nacional y en una amplia variedad de funciones y profesiones, quienes serán obligados a someterse a un ahorro forzoso, y el y los que no lo haga voluntariamente será obligado por el mismo Servicio de Impuestos Internos, que en vez de devolver el este 10% a las y los trabajadores en la operación renta, se los traspasará directamente a las AFP.

         Nuevamente las propuestas presidenciales, no van en beneficio de las y los trabajadores, ya que lo único que se está buscando es tratar de superar la crisis de las AFP por medio de la integración de nuevos recursos, dinero fresco constante y sonante, platita que será prestada a los empresarios para que se sigan enriqueciendo con el dinero de las y los trabajadores.

Finamente nuestra Presidenta asegura la creación de una AFP estatal, con la cual se fortalecerá la competencia del mercado de las aseguradoras de pensiones. Una AFP estatal, se podría transformar en la empresa de pensiones más grandes del país, lo que se traduciría en que el Estado acumularía una gran cantidad de dinero mensualmente el cual ¿será ahorrado o este se utilizará para la entrega de préstamos a las grandes empresas nacionales y extranjeras?. La lógica, según el modelo económico imperante en Chile, es que este dinero se debe traspasar vía crédito a las grandes empresas, y si esto ocurre, en la práctica una AFP estatal, no sería diferente a una AFP privada. Por otro lado, si los dineros del ahorro forzoso de las y los trabajadores se les sigue entregando en forma de crédito barato a los empresarios, en la práctica no se habría producido ningún cambio de forma y de fondo al sistema de pensiones y menos al sistema económico imperante en el país, por lo tanto, las pensiones de las y los chilenos no mejorarían.

         Para que el mismo sistema de pensiones actual, más una AFP estatal, finalmente pudiera mejorar la situación económica de las personas que se jubilen, sin modificar el sistema económico imperante en nuestro país, lo primero que se debe hacer es reestablecer el artículo 42, del Decreto Ley Nº 3.500 de 1980, el que fue modificado con la Ley Nº 19.795 del año 2002, con el cual se crea el sistema de multifondos. El DL Nº 3.500 en su artículo 42 establecía que: “En caso de que la rentabilidad real anualizada de un Fondo para el período que le corresponda fuere, en un determinado mes, inferior a la rentabilidad mínima señalada en el artículo 37, y esa diferencia no pudiere ser cubierta con la Reserva de Fluctuación de Rentabilidad, la Administradora deberá enterar la diferencia dentro del plazo de cinco días. Para ello podrá aplicar recursos del Encaje establecido en el artículo 40 y en ese evento, deberá reponer dicho activo dentro del plazo de quince días. En ningún caso la Administradora podrá utilizar recursos de la Reserva de Fluctuación de Rentabilidad o del Encaje de un Fondo, para cubrir el déficit de rentabilidad de otros Fondos que administre. Si aplicados los recursos de Reserva de Fluctuación de Rentabilidad y del Encaje no se enterare la rentabilidad mínima señalada en el artículo 37, el Estado complementará la diferencia”. Este artículo, asegura que las pérdidas de las AFP, “NO” serán traspasadas a los ahorrantes, además asegura un interés mínimo para los fondos. Al mismo tiempo, afirma que si esto no puede ser cumplido por la empresa administradora de pensiones, será el Estado el responsable de asumir dicho costo”. Este artículo, fue un seguro para nuestros ahorros previsionales, garantía que eliminó el “socialista” Ricardo Lagos el 2002.

La ley Nº 19.795 del año 2002, al mismo tiempo transgrede el artículo 45 del DL 3.500, que establece que “Las inversiones que se efectúen con recursos de un Fondo de Pensiones tendrán como únicos objetivos la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad. Todo otro objetivo que se pretenda dar a tales inversiones se considerará contrario a los intereses de los afiliados y constituirá un incumplimiento grave de las obligaciones de las Administradoras”. Según el artículo 42 y 45 del  DL N° 3.500, podríamos asegurar que José Piñera tiene razón al asegurar que el sistema de pensiones chileno no es tan malo, ya que este marco legal contenía un conjunto de herramientas que protegía los ahorros forzosos de las y los trabajadores. El tema es que la concertación, hoy nueva mayoría, se dedicó a eliminar las garantías legales que protegían nuestros ahorros, por lo tanto, una AFP estatal creada por esta agrupación de partidos, no asegura los fondos de pensiones de las y los trabajadores chilenos, por lo tanto, una AFP estatal no nos da ninguna seguridad para el mejoramiento de nuestras pensiones.

Una Propuesta de Cambio

Luego de la crítica sistemática a las propuestas realizadas por nuestra Presidenta, debemos hacernos la siguiente pregunta ¿Por qué sistema de pensiones debemos cambiarla?, la propuesta que anda circulando es la de un “Sistema de Reparto”, pero que significa esto: “en la seguridad social, se denomina reparto, a un sistema de seguro solidario para la vejez. El sistema de reparto se organiza sobre la base de un aporte obligatorio realizado por los trabajadores en actividad, con el que se forma un fondo para atender las pensiones y jubilaciones de los trabajadores retirados”. “Como estrategia para prevenir la incapacidad laboral que produce la vejez, el sistema se distingue del régimen de capitalización individual, en el hecho de que mientras el primero está organizado a partir por un mecanismo de solidaridad, el sistema de capitalización está apoyado en un mecanismo de ahorro exclusivamente individual. La mayoría de los países

del mundo han establecido sistemas de reparto de aporte obligatorio, a veces complementados con sistemas de capitalización voluntarios”.

“Por otra parte, el Sistema de Reparto se caracterizaba por tener cotizaciones indefinidas y beneficios definidos. Es decir, el monto de la pensión se relaciona con las características de la Caja de Previsión a la que se perteneciera y con el cumplimiento de ciertos requisitos que daban derecho a una pensión previamente definida”.

Lo que se entiende del sistema de reparto, propuesto para nuestro país, es que este seguirá siendo un sistema de ahorro forzoso, en el que deben participar las y los trabajadores quienes realizan un aporte mensual, al mismo tiempo, los empleadores están obligados a realizar un aporte a el fondo al igual que lo debe hacer el Estado. En el sistema propuesto para nuestro país, el responsable de las pensiones es la sociedad en su conjunto, trabajadores, trabajadoras, empleadores y el Estado. Los recursos económicos que estos aportan, son acumulados en un fondo solidario, que será utilizado para la entrega de pensiones a las y los trabajadores que se jubilen.

Ahora bien, se nos presentan un conjunto de preguntas frente a este sistema de reparto, la primera de ellas es ¿quién es el responsable de realizar la acumulación del dinero de las cotizaciones tripartitas?, otra pregunta sería ¿qué se hace con el dinero acumulado, se ahorra en un banco, en una caja particular, lo administra una empresa privada?, ¿el dinero de este ahorro forzoso, es prestado en forma de créditos a los empresarios y los bancos para que ellos realicen inversiones?. Estas preguntas son pertinentes, ya que el ahorro forzoso de las y los trabajadores en la práctica es el mayor nivel de acumulación de dinero y riqueza de la nación, por lo tanto debe existir claridad del cómo serán utilizados estos recursos. Finalmente, que pasa con las mujeres dueñas de casa que realizan una función laboral pero sin salario, o con las personas en situación de discapacidad, este sistema de reparto no las considera, por lo que sería necesario mantener el modelo de “Pilar Solidario”, que será financiado vía impuestos.

La situación crítica que se nos presenta frente a cualquier modelo o sistema de ahorro forzoso, está dado por el modelo económico imperante en el país, ya que según dicha visión ideológica se determinará la utilización de dichos recursos. Esto lo exponemos particularmente, por las características del modelo político y económico imperante en nuestra nación, cual es un sistema neoliberal o neoconservador centralmente planificado y subsidiario, lo que implica necesariamente que un sistema de pensiones tripartito de reparto, se transformará en un nuevo negocio para los particulares, quienes podrán utilizar dichos recursos para entregarlos en forma de créditos a los empresarios y al sistema financiero quienes lucraran con el dinero de las y los trabajadores.