Toda nuestra vida se nos ha enseñado que la empresa, en consecuencia, los empresarios, son el motor del que hacer de la sociedad y el país. Sin ellos, nos han dicho, el país no podría crecer y avanzar hacia el tan deseado desarrollo, que nos trae la promesa de una mejor calidad de vida y bienestar social. No sólo se nos ha enseñado que sin ellos no podemos crecer económicamente, también se nos ha educado para respetar, e incluso, tratar de imitar una estética considerada exitosa, cual es, la del sujeto de traje y corbata, que finalmente es la viva imagen del empresario. Es así como toda nuestra educación ha sido dirigida a establecer respuestas automáticas frente a la autoridad del dinero, o sea, la autoridad del empresario. Tanto es así, que cualquier sujeto que manifieste públicamente que tiene una empresa, nos produce en forma inconsciente, una respuesta de respeto y admiración. Finalmente, se nos ha socializado bajo un marco valorativo que asegura, que cualquiera, a fuerza de trabajo puede transformase en una persona exitosa, en consecuencia en un empresario.
Como lo hemos manifestado, ser un empresario, es sinónimo de éxito, de inteligencia, capacidad, tenacidad, esfuerzo y trabajo, valores máximos en nuestra sociedad. Pero toda esta educación y valoración de los empresarios, en los últimos años se ha venido cayendo a pedazos, ya que la conducta de estos, según las leyes y los medios de comunicación, han dejado mucho que desear, particularmente por los múltiples casos de corrupción que han sido publicados y difundidos por la prensa.
A pesar de la información que sustenta nuestra premisa, los defensores de los empresarios, niegan estas acusaciones, ya que establecen que por definición, la corrupción es una situación que se presenta exclusivamente en el sector público, y no en el privado, tanto es así que la definición de corrupción hace referencia “al fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa. Corrupto es por lo tanto, el comportamiento desviado de aquel que ocupa un papel en la estructura estatal[1]". Gracias a esta definición, se ha logrado establecer que los empresarios no son corruptos, ellos solamente realizan algunos negocios irregulares, o distanciados de la ética. El tema es que los empresarios son un factor de corrupción directa del sector público, ya que las pérdidas de los recursos del Estado van a parar a algún lado, y ese lado, no es más que el bolsillo o la cuenta corriente de algún gran empresario chileno.
Efectivamente, no podemos negar la existencia de corrupción en los aparatos del Estado, como por ejemplo el caso Inverlink, hecho ocurrido en el gobierno de Ricardo Lagos, momento en que se produce un fraude al fisco por $80 mil millones de pesos, que afecta directamente a la Corporación de Fomento de la Producción CORFO[2]. Efectivamente, el Estado, o los ciudadanos chilenos que es lo mismo, perdimos esos recursos, que fueron transformados en acciones, que compraron los bancos chilenos, los que finalmente se quedaron con ese dinero. Ciertamente, este dinero fue a parar a los bolsillos de los empresarios, quienes no tuvieron ningún problema para asegurar, por medio de su representante Hernán Somerville ex Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), que los dineros obtenido por el caso Inverlink, eran propiedad de los Bancos, por lo tanto, “no devolverían ni un peso por las acciones que compraron”, esta actitud de los empresarios no sólo perjudico directamente a CORFO, también afecto a todos los chilenos.
Un segundo caso que vale la pena recordar, que según la definición cae en la categoría de corrupción, es el caso Chiledeportes, donde nuevamente la “Contraloría General de la República”, bajo la resolución N° 3.306 de noviembre de 2006, detecto “irregularidades, errores y proyectos ilegales, en Chiledeportes, específicamente en fondos de asignación directa. La investigación del órgano contralor, evaluó negativamente la asignación de siete proyectos del último trimestre del 2005, por un monto total de $81 millones de pesos, dinero que nosotros como ciudadanos perdimos, pero estos dineros fueron a parar a algún lugar, donde más, el bolsillo de algún empresario. Podríamos seguir con el caso ferrocarriles donde el Estado perdió más de $600 mil millones de pesos, dineros que pasaron nuevamente a engrosar las fortunas de más de un empresario nacional.
Ahora bien, el caso emblemático de corrupción, donde nuevamente comienzan a figurar exclusivamente empresarios, comienza con nuestro ex presidente don Sebastián Piñera, quien fue acusado de “infracciones administrativas que derivan de la compra de acciones de LAN Airlines S.A. que fueron realizadas durante el mes de julio de 2006 por parte de Inversiones Santa Cecilia S.A., que le pertenece a Sebastián Piñera[3]”. El “negocio” se realizó el lunes 24 de julio, fecha en la cual la Sociedad de Inversiones Santa Cecilia, compró un paquete de acciones de LAN por un total de $10.000 millones de pesos, a un valor de $3.280 pesos por acción. Las consecuencias de esta “situación problemática”, estuvieron a punto de costarle su postulación al cargo de presidente de Chile, escenario que mejoro con el pago de una multa en dinero, que evito que la investigación siguiera su curso, y de esta forma manchara su apellido.
Posteriormente, en mayo de 2008 comenzó una investigación, que se conocería posteriormente como el caso “Colusión de Farmacias”. Esta asociación ilícita, tuvo como finalidad el aumento sistemático del valor de los precios de 222 medicamentos, que trataban específicamente enfermedades crónicas. La investigación de este caso, descubrió que las tres mayores cadenas farmacéuticas chilenas se concertaron para subir los precios no de cualquier medicamento, sino que, específicamente el utilizado por enfermos crónicos, enfermos que sin estos remedios estaban condenados a muerte. Como todos ya saben, nos estamos refiriendo a Farmacias Ahumada (FASA), Cruz Verde y Salcobrand, empresas que podemos asegurar tuvieron una conducta genocida.
Lo sorprendente de este caso, es que la “Fiscalía Nacional Económica” en marzo de 2009, llevó a Farmacias Ahumada FASA, a reconocer los hechos de corrupción, por lo que recibió una multa cercana al millón de dólares. Posteriormente, se condenó a 10 profesionales de responsabilidad intermedia, ya que los propietarios de dichas cadenas son intocables, como lo hemos ya expuesto. Los responsables por el caso colusión de farmacias, fueron condenados a tomar “Clases de Ética” y a pagar $235 millones de pesos, que es menos de la mitad de $1 millón de dólares. El caso termina cuando el lunes 8 de julio del 2013, se suspende condicionalmente la toma de las “Clases de Ética”, y en vez del pago de la multa, se les condena a donar la suman de $230 millones a una ONG's de salud, todo ellos justificado por un fiscal, que asegura que en nuestro país no existen penas en la legislación para castigar este delito.
Posteriormente a este caso, los tribunales comienza un proceso de investigación de un nuevo caso de corrupción, específicamente "el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acogió el requerimiento presentado en noviembre de 2011 por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), declarando que Agrosuper S.A., Empresas Ariztía S.A. y Agrícola Don Pollo Limitada, por intermedio de la Asociación de Productores Avícolas de Chile A.G. (APA), se coludieron acordando limitar la producción de carne de pollo ofrecida al mercado nacional y asignándose cuotas en el mercado de producción y comercialización de dicho producto". Como se puede observar, la fiscalía asume esta situación como “colusión” y no como “corrupción”, esto se explica específicamente porque este hecho, es realizado por un grupo de empresarios, que están entre los más importantes del país, por lo tanto, no pueden ser ofendidos acusándolos de corruptos.
Los hechos de corrupción, expresados como colusión, se pueden explicar casi exclusivamente, por el nivel de concentración del mercado. Es así como la corrupción de las farmacias se produce porque las tres empresas concentran el mercado de los medicamentos, en el caso de los pollos, las empresas avícolas coludidas son propietarias del 80% de la oferta de carne de pollo a nivel nacional.
En el caso pollos, el Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC) impuso una multa de $60 millones de dólares a las empresas de los cuales Agrosuper y Ariztía deberán pagar una multa de 30 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA) cada uno, lo que no es más que $25 millones de dólares, y Don Pollo deberá pagar 12 mil UTA, que equivale a sólo $10 millones de dólares. “También se ordenó la disolución de la APA por su participación como coordinadora de la operación”. Como se puede ver, estos empresarios sólo fueron multados y no condenados.
Como en nuestro país no existen una legislación destinada a castigar los delitos económicos cometidos por los empresarios, situación comprobada a partir de las sanciones aplicados a los casos de corrupción empresarial ya mencionados, estos, se sienten con toda la libertad para seguir cometiendo estos ilícitos, que aunque usted no lo crea afectan al pueblo en su conjunto. Bajo este mismo marco legal, nos enfrentamos posteriormente al caso “Cascadas”.
Como todos ya saben, el presente año 2014, la “Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) resolvió aplicar sanciones de multa que en su conjunto ascienden a $ 164.408.316 millones de dólares en el marco del cierre de la investigación del denominado Caso Cascadas[4]. Ello, tras constatar una serie de infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades Anónimas por actuaciones y operaciones que tuvieron lugar en el año 2010, a partir de septiembre y durante el 2011”.
Estas sanciones fueron dirigidas hacia determinadas personas relacionadas a las Sociedades Cascada, que controlaban a SQM, tales como Norte Grande, Oro Blanco, Calichera, Nitratos y Potasios, así como también a Larraín Vial Corredora de Bolsa y a ejecutivos y personas relacionadas a esta intermediaria.
La infracción que cometieron las Cascada, fue que vendían acciones a sociedades identificadas como relacionadas (controladas por Julio Ponce Lerou), vinculadas (controladas por Roberto Guzmán Lyon) e instrumentales (controladas por Leonidas Vial Echeverría y Alberto Le Blanc), para luego recomprar a estas mismas sociedades paquetes de acciones, de igual o mayor número, siempre a un mayor precio.
Para recomprar los paquetes de acciones a las Sociedades Relacionadas, Vinculadas e Instrumentales, las Sociedades Cascada debieron asumir un sobre costo estimado de $301.441.212 millones de dólares entre los años 2009 y 2011.
Las ganancias que obtuvieron las Sociedades Relacionadas a Julio Ponce Lerou entre 2009 y 2011 ascienden, aproximadamente, a $128.123.688 millones de dólares. Las ganancias estimadas de las Sociedades Vinculadas a Roberto Guzmán Lyon con las Sociedades Cascada, en el mismo período, fueron de $128.000.689 millones de dólares. Las utilidades estimadas de las Sociedades Instrumentales de Leonidas Vial Echeverría fueron de $72.200.260 millones de dólares entre 2009 y 2010 y las utilidades estimadas de las Sociedades Instrumentales de Alberto Le Blanc Matthei fueron de UF 3.763.761 en 2011.
Luego que estos grandes empresarios fueran encontrados culpables, se les condeno al pago de multa, es así como Julio Ponce Lerou, Presidente del directorio y controlador de Norte Grande, Oro Blanco, Calichera S, Potasios, Nitratos, Inversiones SQ., Inversiones SQYA, fue condenado al pago de $69.699.286 millones de dólares, que es un poco más de la mitad de lo que robo, que fue $128.123.688 millones de dólares, así que no le fue tan mal.|
Roberto Guzmán Lyon Asesor cercano de Julio Ponce Lerou que participó a través de diferentes sociedades que se enmarcaban en el esquema investigado por la SVS, deberá pagar $ 22.549.769 de dólares, y gano en gracias a la colusión $128.000.689 dólares, echándose al bolsillo más de $100 millones de dólares.
Leonidas Vial Echeverría Controlador de Inversiones Saint Thomas Ltda. y Agrícola e Inversiones La Viña, deberá pagar como multa $20.499.790 millones de dólares, y robo $72.200.260 millones de dólares, lo que deja a su favor luego de pagar la multa más de $52 millones de dólares.
Alberto Le Blanc Matthei controlador y administrador de Inversiones Transcorp Ltda. e Inversiones La Palma Ltda, fue condenado a pagar $4.099.958 millones de dólares, y sus utilidades estimadas fueron de UF 3.763.761 en 2011. Calculemos, si la Unidad de Fomento UF tiene un valor de $24 mil pesos, el total en pesos chilenos sería $90.330.264.000 millones, ahora, si dividimos este monto por $580 pesos, valor del dólar, nos arroja $155.741.834 millones de dólares, y la multa fue de sólo $4 millones, finalmente este señor se queda con más de $150 millones de dólares, es muy buen negocio ser un corrupto y un ladrón de cuello blanco y corbata.
Otros multados fueron Aldo Motta Camp el Gerente General de Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera, desde agosto de 2009 hasta la fecha, a excepción de Oro Blanco, gerente general de Potasio, hasta septiembre de 2011, ex gerente general de Inversiones SQ, debe pagar $24.599.748 millones de dólares; Patricio Contesse Fica Gerente General de Potasios, desde septiembre de 2011, debe pagar $2.459.975 millones de dólares; Manuel Bulnes Muzard Gerente General de Larraín Vial, Corredora de Bolsa, multado con $8.199.916 millones de dólares; Felipe Errázuriz Amenábar Gerente de distribución institucional de Larraín Vial Corredora de Bolsa, se le condeno al pago de $4.099.958 millones de dólares. Como se puede ver, puros sujetos nacidos en cuna de oro, con apellidos ilustres, quienes robaron a destajo, y no pasaron ni pasarán ni un sólo día en la cárcel, y ello se debe a que son empresarios, que según nosotros son simples ladrones de cuello blanco y corbata.
El caso Cascadas aún no se enterraba cuando, la segunda semana de octubre del presente año, salto a la prensa El llamado “Caso Penta”, que se destapa gracias a la investigación de una serie de devoluciones de impuestos indebidas, a través de una mala utilización del “Fondo de Utilidades Tributables FUT”, ese mismo FUT que supuestamente elimino la reforma tributaria.
Gracias a la solicitud de devolución del FUT, se logra involucrar a un funcionario del Servicio de Impuestos Internos, que era el jefe del SII Oriente, Iván Álvarez, quien ofrecía sus “servicios” a diversas empresas a través de contadores. Las declaraciones de este funcionario, establecieron que trabajado con Hugo Bravo, ex director del Banco Penta. Esta asociación se realiza para cometer fraude en dos de las empresas de Bravo, Inversiones y Asesorías Challico Ltda. y Administración e Inversiones Santa Serella Ltda.
Con esta información, la Policía de Investigaciones comenzó sus indagaciones en el Grupo Penta, pero no encontraron evidencia de que este fraude se estuviera llevando a cabo en las empresas, pero descubrió otro delito, un supuesto mal uso de boletas de honorarios a través de las cónyuges de los fundadores del grupo Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, para disminuir la base imponible por parte de diversas empresas del Grupo Penta. “Se calcula —según la información en prensa— en 400[5] millones lo que evitaron de pagar en impuestos a través de esta práctica”.
Este delincuente, Bravo, declaró que prominentes figuras políticas estaban metidas en el caso de boletas a través de aportes para financiar sus campañas, y denuncio específicamente a:
- Iván Moreira, electo senador por la región de Los Lagos.
- Pablo Zalaquett, candidato a senador por Santiago Poniente.
- Laurence Golborne, candidato a senador por Santiago Oriente.
- Ena von Baer, senadora por la región de Los Ríos.
- Andrés Velasco, precandidato presidencial de Fuerza Pública.
Ahora bien, sabemos que la UDI ha estado metida en todos los casos donde mediante el robo se han enriquecido los empresarios nacionales, por lo mismo, no es una novedad, lo interesante son estos nombres que aparecen en el caso Penta, ¿quiénes son estos sujetos?, dejemos a una experta que nos explique, María Olivia Monckeberg nos informa que “Empecé a detectar la aparición de Délano Abbott y de Lavín García-Huidobro en las investigaciones sobre las privatizaciones de las empresas del Estado, entonces lo que tenemos es que este grupo Penta se formó a través de privatizaciones en el sector de los seguros. Ahí ellos logran sus primeros millones de dólares. Sus orígenes se remontan a la ‘normalización’ de Consorcio, después de la caída del grupo de Manuel Cruzat y de Fernando Larraín Peña. La otra vinculación es con la privatización del Instituto de Seguros del Estado, el ISE, al final de la década del ’80. Ellos accedieron a quedarse con una parte[6]”. Esta información, nos retrocede en el tiempo, y nos revela que no sólo hoy los empresarios son unos corruptos que han forjado su riqueza gracias al trabajo de nuestro pueblo y la apropiación de los bienes y empresas del Estado.
Estos señores, para tratar de limpiar su buen nombre, hace algunas semanas, pagaron un total de $1.098.626.952 millones de pesos al fisco con el fin de restituir los dineros obtenidos por devoluciones de impuestos hechas en el marco del caso "fraude al FUT". Con esta acción, no tratan de evitar el ir a la cárcel, lo que se persigue es proteger a sus socios de la UDI, actuales diputados y senadores, para que no sean cuestionados e inhabilitados, ya que si ocurre esto, dejaran de aprobar leyes que benefician y protegen la corrupción y el robo empresarial.
Para finalizar con los casos de corrupción empresarial chilena, no podemos dejar de exponer el más actual, el de Metrogas, empresa que solamente excedido el límite de rentabilidad o ganancia de 11%, establecida en la normativa nacional, y llego a ganar entre un “11,4% y 16,9% durante los años 2012 y 2013, respectivamente, según el estudio dado a conocer por la Comisión Nacional de Energía[7]”. Estas ganancias fueron obtenidas aumentando el valor del producto a cerca de 600.000 consumidores, entendidos como hogares. Este caso recién comienza, y mientras dure el proceso esta empresa seguirá ganando dinero, y una vez que sea declarada culpable se le impondrá una multa muy inferior a la cantidad ganada, al igual como ha sucedido en los casos expuestos, y nosotros los ciudadanos seremos nuevamente esquilmados por los empresarios, las leyes y el Estado, que como se podrá comprender, está al servicio de los empresarios y no de su pueblo.
Terminando este texto, la primera conclusión que podemos obtener, es que la corrupción deja mucho dinero de ganancia. Una segunda, sería que los grandes empresarios chilenos se han hecho ricos gracias a la corrupción, y dicha conclusión no la hacemos nosotros, lo hace María Olivia Monckeberg, periodista de la misma clase alta. Una tercera, es que el marco legal chileno NO contempla sanciones para los delitos económicos, situación fácil de explicar, ya que las leyes son hechas por ellos mismos o sus familiares en el congreso. Una cuarta, es que el sistema judicial chileno gracias a la inexistencia de leyes que sancionen los delitos económicos, NO clasifica a los grandes empresarios corruptos como delincuentes, por lo mismo no los condenan. Una quinta, es que los empresarios y los políticos de derecha están íntimamente relacionados, cosa que no es nueva peri entretenida de exponer.
Llegando a este punto, muchos se preguntarán ¿Por qué ocurre esto en nuestro país?, la respuesta es muy sencilla, en Chile no existe libre mercado, este ha sido eliminado, por el proceso de concentración económica. Un ejemplo de ello son las farmacias, ¿cuántas cadenas de farmacias existen en Chile?, sólo tres, ¿cuántas empresas de pollos existen?, nuevamente tres, ¿cuántas empresas de gas domiciliario? sólo una, ¿cuántas empresas de supermercados? sólo cuatro, y así suma y sigue. Suman tanto que en nuestro país solamente existen 60 familias que concentra una “riqueza mayor a $100 millones de dólares, con un patrimonio acumulado de $60 mil millones de dólares[8]. Además estas familias son las propietarias de los 36 grupos económicos nacionales, que controlan todo el que hacer económico del país, grupos que debemos recordar, se han hecho ricos gracias a la explotación de los trabajadores y la corrupción asociada a dicha explotación, ejemplo de ello es el grupo propiedad de Julio Ponce Lerou SQM.
Otros preguntarán ¿por qué existe concentración de mercado en nuestro país?, la repuesta nuevamente es muy sencilla, vivimos en un modelo neoliberal o neoconservador, donde el subsidiarismo nos lleva a un Estado centralmente planificado que genera y promulga leyes exclusivamente en favor de los grandes grupos económicos y de las 60 familias más poderosas de nuestro país.
Finalmente, como se podrá concluir, este modelo político y económico, sacrifica a los trabajadores y al pueblo sólo en beneficio de los empresarios, quienes se han enriquecido apropiándose de la riqueza que genera nuestro trabajo, apropiándose de las empresas estratégicas creadas y financiadas por el Estado, en definitiva robando la riqueza que es propiedad de nuestro país.
La corrupción de los empresarios en el caso farmacias, no es más ni menos que una política genocida, ya que la colusión en el precio de los fármacos para enfermos crónicos, significa condenar a muerte a todos los enfermos que no cuentan con los recursos para adquirir dichos remedios.
La colusión de las empresas de pollos, se tradujo en un alza de precios sistemática, lo que finalmente afecto nuestros bolsillos, ya que gracias a las alzas de precios de estos productos, nuestros salarios se vieron disminuidos, en definitiva estos empresarios corruptos con su acción nos bajaron los sueldos.
El caso SQM, sólo es una muestra más, de la calidad de empresarios chilenos, en este caso Julio Ponce Lerou, quien gracias a sus negocios tránsfugas, logro perdidas millonarias en las AFP. Y todos saben que cuando las AFP, nos traspasan dichas perdidas, a nosotros los trabajadores y el pueblo, que al momento que nos jubilemos pasaremos a forma parte de los más pobres de nuestra nación.
Pero la desfachatez de Hernán Somerville, es una bofetada a la decencia nacional, cuando este tipo afirma, que los bienes robados a CORFO por la empresa Inverlink, hoy son propiedad de los Bancos, por lo tanto, “no devolverían ni un peso por las acciones que compraron”, no deja de ser una falta de respeto a la nación. Y sólo para recordar, las personas y empresas que compran bienes robados, son considerados “reducidores”, y la ley los considera cómplices de un ilícito, por lo tanto, estos cómplices deben ser encarcelados al igual que el ladrón, pero la ley chilena, sólo considera ladrones a los pobladores, NO a los banqueros y empresarios, quienes pueden comprar bienes robados y reconocerlo públicamente, y a pesar de ello seguir libres.
Lo más grave aún, es que Hernán Somerville, realiza estas afirmaciones en representación de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la máxima organización de los empresarios nacionales.
Usted decide si desea seguir viviendo en un sistema donde el robo está legalizado, donde la corrupción es producida por los empresarios, sujetos que nunca serán sancionados o encarcelados. Esto seguirá ocurriendo en nuestro país hasta que los trabajadores y el pueblo nos tomemos el poder.
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Mario Paz Montecinos
Militante de Los Hijos de Mafalda
Sección Tocopilla
“El Mayor Compromiso Con Nuestro Pueblo
Es La Organización.
Por eso Súmate Al Trabajo de Los Hijos de Mafalda”
https://www.loshijosdemafalda.cl/
[2] Ivonne Toro Agurto 28 Agosto, 2014. https://www.theclinic.cl/2014/08/28/maria-olivia-monckeberg-desgrana-el-choclo-y-explica-como-ha-operado-el-largo-brazo-de-penta
[3] https://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=104104
[4] Diario Estrategia Edición Especial Septiembre 2014
[5] https://www.elmostradormercados.cl/destacados/caso-fraude-al-fut-ex-director-de-penta-pago-mas-de-mil-millones-de-pesos-al-fisco-para-reparar-el-mal-causado/#sthash.fLkWmjcl.dpuf
[6] lanacion.cl