EL SISTEMA DE CORRUPCIÓN NEOLIBERAL

Sin embargo, para aquellos que no vemos la realidad como una fotografía, la cual nos sorprende por su brillo y color, sino todo lo contrario, como un conjunto de hechos y sucesos articulados, que se construyen históricamente, sabemos perfectamente que el escándalo que hoy estamos viendo, es el destape de olla, de una parte de toda esta red de corrupción y fraude, que tiene su causa principal, en el saqueo de los grupos económicos al Estado de Chile, acción iniciada durante la tiranía de Pinochet, a través de las privatizaciones de empresas públicas y de los recursos naturales de la nación, y continuada durante los últimos 25 años de “democracia” concertacionista.

Como demostración de lo anterior, partiremos con el caso PENTA, grupo económico proveniente del ex Instituto de Seguros del Estado (ISE), fundado en 1953 y privatizado en 1987, a través de la creación de dos sociedades anónimas, propiedad de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, los ya mencionados dueños del grupo PENTA. Esta institución (el ISE), hasta antes de su privatización, “tenía la función de emitir seguros de incendios y desastres naturales (inundaciones, terremotos, etc.), bienes raíces o muebles de las cajas de previsión social, instituciones fiscales y semifiscales, empresas fiscales o autónomas; seguros de desgravamen hipotecario de las propiedad de los imponentes o deudores hipotecarios de las instituciones anteriores; seguros de responsabilidad social o garantía de los funcionarios de dichas instituciones; seguros de vida para los imponentes, o sus familiares de dichas instituciones; y asegurar en general cualquier riesgo”.[5] Todas estas áreas, a finales de la tiranía de Pinochet, se transformaron en áreas del actual grupo PENTA, debido al proceso de privatización indicado antes, lo que significó el traspaso directo de los ingresos ahorrados por los trabajadores y sus jubilaciones, a los bolsillos de los empresarios neoliberales Délano y Lavín.

Respecto al caso de SQM, debemos tener claro que esta empresa fue el regalo de bodas que realizó el tirano a su ex yerno, Julio Ponce Lerou, en el año 1983, que significó nada menos que la entrega de la totalidad del mineral litio, y otros recursos orgánicos e inorgánicos, que hasta antes de su privatización, eran propiedad de la estatal SOQUIMICH. A esto hay que agregar dos cosas: primero, Chile concentra el 40% de las reservas mundiales de litio, y segundo, sólo el año 2011, SQM generó ventas por US$182.000.000 (182 millones de dólares), obteniendo US$85.400.000 (85,4 millones de dólares) en utilidades[6], hecho que demuestra que, hasta el día de hoy, la minera no metálica le permite a Ponce Lerou seguir enriqueciéndose, y como hoy conocemos, seguir comprando a la mayoría del Congreso Nacional y a los gobiernos de turno que han gobernado estos últimos 25 años, incluida la ex Concertación.

A propósito de recursos naturales estratégicos, uno que tenemos en abundancia en nuestro país es el mar, pues, en primer lugar, “Chile se ubica en el Océano Pacífico sur oriental, una de las cinco áreas más productivas del planeta”[7], y además, “actualmente es el sexto país en volumen de desembarques de productos marinos, el segundo productor de harina de pescado y el segundo productor de salmónidos de cultivo. Finalmente, a su vez, abastece el veinte por ciento del mercado mundial de algas destinadas a la alimentación”[8].

Sin embargo, al igual como ocurrió con el litio y el cobre, el mar también se privatizó, proceso iniciado en el año 1989, al final de la tiranía, luego de la promulgación de la ley 18.892. En ésta, uno de los miembros de la Junta Militar, José Toribio Merino, estableció las bases que forjaron la ulterior privatización de este valioso recurso para la economía chilena, eliminando de paso, el papel del Estado como dueño de las pesquerías. Posteriormente, durante la “transición a la democracia”, el ex presidente de derecha, Ricardo Lagos Escobar, le otorgó mayor impulso a este proceso, cuando el año 2001 estableció una nueva ley de cuotas individuales de pesca, entregándole temporalmente, por un plazo de una década, el 90% de derechos de capturas anuales de pesca, al sector industrial. Esta medida tenía como objetivo la total privatización del mar chileno, y así fue recibida por las organizaciones de pescadores artesanales, quienes reclamaron porque sus intereses no fueron considerados, logrando que la ley se postergara hasta el año 2011, momento en el cual se impulsó una nueva Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), aprobada finalmente en diciembre del año 2012, con la activa participación, como principal articulador y promotor, del senador de ultra derecha Pablo Longueira (UDI). 

Como consecuencia de lo anterior, “esta nueva LGPA le entregó, de manera gratuita y a perpetuidad, la propiedad del 92 por ciento de las cuotas pesqueras, así como el goce monopólico de las rentas anuales que generaban, a 7 clanes familiares-empresariales, los que han dominado el sector pesquero durante los últimos cuarenta años”[9]. Estos grupos económicos corresponden a “la empresa Corpesca S.A., propiedad de la familia Angelini, Pesquera El Golfo, propiedad del grupo Yaconi-Santa Cruz, hoy convertida en pesquera Blumar, al haberse fusionado con la familia Sarquis, los que controlan las pesquerías de la zona centro-sur de Chile, y la Asociación de Industriales Pesqueros del Bio-Bio (ASIPES), la que agrupa a las pesqueras Blumar Seafoods, Alimentos Marinos, Food Corp, Landes, Camanchaca, Bío-Bío, Bahía Coronel, Alimentos Mar Profundo, Congelados Pacífico y Cannex”[10].

Todas estas empresas pesqueras, principalmente las pertenecientes al empresario multimillonario Roberto Angelini, con objeto de aprobar esta ley, financiaron a 107 parlamentarios elegidos por el pueblo de Chile (tal como se mencionó anteriormente), mediante el mecanismo de “aportes reservados”. Entre los que destacan, se encuentran: Guido Girardi (PPD), quien lidera la lista, recibiendo nada menos que $504.508.369 (504,5 millones de pesos), convirtiéndolo en el hijo de la gran corrupción; Andrés Allamand (RN), quién recibió $493.385.936 (493,3 millones de pesos); Juan Antonio Coloma (UDI), que recibió $335.452.611 (335,4 millones de pesos); Isabel Allende, que, sin ninguna vergüenza, recibió $ 56.000.000 (56 millones de pesos); y Ena Von Baer (UDI), quién recibió $323.825.939 (323,8 millones de pesos).

Con toda esta información, podríamos obtener una serie de conclusiones, que desnuden nuestra situación actual. Sin embargo, producto de nuestra habitual visión sobre ideologizada de la realidad, muchas veces generamos, en nuestra conciencia, un conjunto de interpretaciones erróneas, principalmente a causa de los juicios de valor con los cuales miramos la política y la sociedad. Expresión de ello es, por ejemplo, cuando pensamos que los políticos son quienes dominan el país, llevándose prácticamente todo nuestro dinero, situación que se confirmaría al observar sus sueldos y los “aportes reservados” que reciben de las empresas. Sin embargo, no cuestionamos el comportamiento de las empresas, o mejor dicho, el de los grandes empresarios o grupos económicos, que se apoderaron de nuestro cobre, litio y mar, acumulando gigantescas sumas de capital, lo cual les ha permitido, a lo largo de las últimas décadas, financiar a políticos de distintos sectores. Esta falta de cuestionamiento se explica por el tipo de enseñanza que nos han impuesto, a través de un proceso de culturización y domesticación, donde se difunde la idea que está bien que los empresarios obtengan grandes ganancias, aunque exploten a sus trabajadores, ya que ellos generan empleo. Esta afirmación es totalmente falsa, pues las cifran nos demuestran que los grupos macro económicos generan sólo el 0,4% del empleo en Chile, y por el contrario, el Estado paga los mejores sueldos, además de ser la única institución que continuamente genera subsidios al empleo, junto a estímulos al emprendimiento y otros métodos de impulso a la economía, situación que podemos constatar en la práctica, a pesar de tener un Estado de carácter neoliberal. 

Por otro lado, tenemos bastante arraigada la idea de que existen diferencias importantes entre unos y otros partidos políticos, hecho que se desmorona completamente, cuando constatamos que tan sólo 16 Diputados del Congreso Nacional (de un total de 120) no han recibido ni un sólo peso de las empresas, distribuidos de la siguiente forma: seis diputados del Partido Comunista, tres del PPD, tres del PS, uno de Izquierda Ciudadana, uno del Partido Radical, uno del partido Liberal, y finalmente, uno de Izquierda Autónoma[11]. Este resultado es catastrófico por dos motivos. En primer lugar, le da la razón al argumento que utiliza nuestro pueblo, que dice no creer en los partidos, sino en las personas, argumento que empeora aún más la situación, pues le entrega validez ideológica a la ultra derecha, y más específicamente, a Jaime Guzmán, quién establecía que por esa razón el Estado debe estar al servicio de las personas y no al revés, con la salvedad que, para este personaje, sólo los empresarios y los grupos de poder eran realmente personas, y el resto con suerte éramos arroz con leche. Junto con ello, la instalación del modelo neoliberal, y los innumerables casos de corrupción político-empresarial que este sistema trajo como consecuencia, cambiaron todos los parámetros del imaginario político colectivo en nuestra sociedad, estableciendo de forma muy clara, que hoy ser de izquierda, no significa ser marxista-leninista, ni menos, revolucionario, luchador social, agitador o subversivo. En los tiempos postmodernos en que vivimos, ser de izquierda significa NO SER CORRUPTO, lo que deriva en que hoy cualquiera puede adscribirse a esta categoría, es decir, cualquiera puede llamarse “de izquierda”.

Como se ha establecido en el desarrollo de este documento, los grandes empresarios agrícolas y mineros, que son dueños de la tierra y el mar, así como de nuestras pensiones e impuestos, son el corazón principal de la corrupción en Chile, ya que son ellos quienes, después de la tiranía, se han ajustado a un nuevo marco institucional democrático-oligárquico, que les permite financiar, con grandes sumas de dinero, a políticos que están a su servicio y no al servicio del pueblo. Mientras tanto, nosotros, el pueblo que trabaja en la pesca, la minería y otros rubros y servicios, seguimos siendo explotados, con pésimas condiciones laborales, sin contratos de trabajo, con salarios de hambre y miseria, y, por si fuera poco, con jubilaciones que son una verdadera burla. A esto se suma el saqueo indiscriminado de nuestros recursos naturales y la consiguiente contaminación de nuestro medio ambiente. 

Lo anterior sigue siendo nuestra responsabilidad, ya que somos nosotros quienes permitimos que defensores de los intereses de la oligarquía nacional y extranjera, ocupen cargos parlamentarios y presidenciales, gobernando nuestro país a costa de la explotación de nuestro trabajo y el saqueo de los impuestos que éste le reporta al Estado-Nación. Por consiguiente, nuestro pueblo en su conjunto está llamado a transformar esta situación, eliminando de raíz este modelo neoliberal que precariza nuestras condiciones materiales de existencia, condenándonos a una vida de miseria en todos sus ámbitos.

Para finalizar, y con objeto de hacernos cargo del problema y de la necesidad de transformación de nuestra sociedad, es fundamental tener la claridad suficiente, sobre la funcionalidad política de la corrupción en el neoliberalismo, que evita la toma de conciencia por parte de los trabajadores y nuestro pueblo en general, respecto a nuestros derechos y libertades, situación que no se modificará, en la medida que no entendamos que el mar y la tierra nos pertenecen, y así todos sus derivados; que el Estado se financia con los impuestos de la mayoría, y se saquea con la avaricia y la mezquindad de la minoría;  que las empresas estratégicas están convertidas en bolsas de dinero muerto, que alimenta a las empresas transnacionales; y que nuestro trabajo es el sostén económico de cualquier sociedad, el cual produce tanta riqueza que, si lo supiéramos, nos cansaríamos de comer salmón y otras especies marinas que son parte de nuestros recursos naturales, y, sin embargo, los chilenos culturalmente hemos sido privados de disfrutar, pues se privilegia la sobreexplotación de recursos para exportación, en nuestra calidad de país tercermundista, preindustrial y mono exportador de materias primas, abastecedor de recursos para el “primer mundo”. Cuando nuestro pueblo sea consciente de lo anterior, la corrupción dejará de ser la estrategia de control político, económico e ideológico que utilicen los oligarcas, y podremos oler y saborear la libertad, convirtiéndonos en dueños de nuestras riquezas, presentes en toda esta hermosa, larga y angosta franja llamada Chile, tierra de grandes patriotas y revolucionarios.

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Luis Santibáñez

Militante de Los Hijos de Mafalda

Sección Tocopilla

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Los Hijos de Mafalda

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[1] https://ciperchile.cl/radar/gobierno-invalida-licitacion-del-litio-y-renuncia-subsecretario-de-mineria/

[2] https://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/05/680-628429-9-caso-penta-corte-de-apelaciones-revisa-arresto-domiciliario-de-pablo-wagner.shtml