Por muchos años se nos ha informado que, para mejorar nuestras condiciones materiales de existencia, es necesario prepararse y estudiar, más aún, se nos ha demostrado que a mayor nivel de educación formal mayor nivel de ingresos. Las estadísticas así lo han expuesto, los profesionales universitarios reciben salarios mayores que las y los trabajadores que no cuentan con un título de una universidad.

    Estas afirmaciones, se han traducido en un aumento explosivo de la cantidad de estudiantes universitarios, es así que “la educación superior para el año 1990 tenía tan solo 249.482 estudiantes matriculados, los cuales para el año 2012 llegaron a convertirse en 1.127.200, es decir, la tasa de matrícula creció de un 14,4% a un 54,9% (Ugarte, 2013)[1]”. Esto tiene diversas repercusiones para nuestro país, la primera de ellas es que Chile es un país pequeño, de una población de 18 millones de habitantes, que se sostiene bajo una economía extractivista NO industrializada, por lo tanto, los profesionales universitarios, producto de esto, no tienen campo profesionales para desarrollarse.

    El aumento explosivo de profesionales universitarios, ha saturado los mercados laborales que deberían absorberlos, producto de esto, la cantidad de profesionales universitarios cesantes está aumentando sistemáticamente. Esto lo demuestran las estadísticas del INE, que exponen que en el año 2013 los profesionales universitarios cesantes llegaban a 76.120 personas; para el 2014 sumaron 99.390; en 2015 aumentaron a 99.600; el 2016 a 107.180; y en 2017 fueron 122.550 los profesionales universitarios cesantes.

    Actualmente en el país contamos con una masa de cesantes ilustrados que, no podrá conseguir trabajos formales, situación que se agravará año a año producto de que anualmente se siguen titulando más profesionales, hecho que viene a agudizar la crisis del empleo en Chile, producto de esto, ellos y ellas deberán invertirse un trabajo, o realizar cualquier tipo de función con el fin de obtener recursos económicos que les permitan subsistir y pagar sus deudas.

    Como lo expusimos, estas cifras tienen diversas consecuencias para el país y nuestra economía, pero antes de seguir, creo que es necesario realizar una breve revisión histórica, que podría explicar este problema.

    Como buen materialista histórico, me remontare a recordar que la universidad más antigua del país, que sigue en funcionamiento es la Universidad de Chile, fundada en Santiago en 1842. Esta casa de estudios fue creada por la masonería chilena, que en aquellos años tenía una postura política radical, que se enfrentaba a conservadores y liberales. Esta institución creció y se desarrolló hasta estar presente en casi todo el país. La Universidad de Chile, fue la punta de lanza para grandes procesos de transformación social, política y económica, transformándose en el bastión liberal y radical de nuestra nación.

    La postura política e ideológica de la Chile, con el transcurso de las décadas se transformó en el mayor enemigo político e ideológico de los conservadores y la oligarquía chilena, producto de esto, es que a 8 años de ejecutado el golpe de Estado, en 1981, esta casa de estudios es fragmentada con la intención de limitar su capacidad transformadora.

    La segunda universidad más antigua de nuestro país y que actualmente sigue en funcionamiento es la Pontificia Universidad Católica de Chile, que nace en 1888. La Católica es una entidad “privada”, y nace como la respuesta ideológica de la Iglesia, de los conservadores y de la oligarquía, frente al tipo de profesional que se preparaba en La Chile. Ultra conservadora desde su nacimiento y defensora de los privilegios de una de la clase social más reaccionaria a los cambios y transformaciones nacionales.

    Por otro lado, la universidad más antigua creada fuera de la capital, es la Universidad de Concepción, fundada en Concepción en 1919, siendo esta, además, la primera universidad privada en pertenecer al Consejo de Rectores. Esta casa de estudios, al igual que La Chile es fundada por la masonería chilena, por lo tanto, esta manifestaba una posición política de corte radical y liberal.

    Hasta el momento estamos hablando de Universidades que tenían como población objetivo a la oligarquía nacional y a la alta burguesía chilena, ya que la educación para trabajadores especializados o técnicos solo se comienza a hacer efectiva con la creación de “La Universidad Técnica del Estado”, en 1947, que busca impulsar el desarrollo de la enseñanza técnico profesional, esto en el marco del decenio radical, periodo en el cual se produce el mayor impulso al desarrollo industrial de nuestra nación, bajo los gobiernos radicales. Esta casa de estudios, que al igual que La Chile, es desarmada y refundada, transformándola en lo que hoy conocemos como Universidad de Santiago de Chile.

    Como se podrá observar de las 4 universidades descritas, tres de ellas representaban una postura política e ideológica radical-liberal, en contraste con La Católica, que era en esos momentos la única que seguía sosteniendo los valores y principios de los conservadores y la oligarquía. En otras palabras, la postura desarrollista-liberal había triunfado por sobre la ultra derecha.

    Otro elemento a destacar, es que la educación universitaria era no pagada hasta el año 1981, momento en el cual la tiranía comienza a ejecutar su cambio estructural del modelo educacional chileno, desmembrando a La Chile, transformando a la UTE, y comenzando a cobrar por la educación universitaria. Es bajo esta lógica que se promulga el decreto con fuerza de ley N°4 o el DFL 4 en 1981, que da vida al “Crédito Fiscal Universitario”, que se otorgó entre 1981 y 1986 con un interés de 1% anual. Asociado a este cambio estructural de la educación superior, en el año 1980 se había promulgado el decreto con fuerza de ley N° 1, que daba vida a las universidades privadas.

    El cambio estructural de la educación chilena, se produce en un breve tiempo, que va de 1979 con la creación de la subvención, hasta 1981, año en que se desmembrar a la Chile, se transforma a la UTE y se da inicio a la municipalización de la educación, y el consecuente traspaso de esta a los municipios, pero este tema es material de otro artículo.

    En el marco de la educación superior, podemos distinguir diversas clasificaciones la más general establece 3 tipos, donde la universitaria también se subdivide en tres categorías:

1-Universidades

1. Universidades estatales o públicas
2. Universidades tradicionales no estatales, privadas tradicionales o particulares
3. Universidades privadas

2-Institutos Profesionales

3-Centros de Formación Técnica

EL NEGOCIO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

    Como ya lo expusimos en 1981 se promulga el decreto con fuerza de ley N°4 o el DFL 4, con el que se da vida al “Crédito Fiscal Universitario”, que se otorgó entre 1981 y 1986 con un interés de 1% anual, posteriormente en el año 1994, el crédito fiscal es reemplazado por el Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), que se establecido por la ley 19.287, destinado a los alumnos de educación superior pertenecientes a las veinticinco universidades del Consejo de Rectores, para costear de forma total o parcial los aranceles de las carreras. Este crédito estaba pensado para aquellos alumnos matriculados en la educación superior que no pudiesen financiar sus estudios y que debido a sus resultados en la Prueba de Selección Universitaria, ameritan la obtención del beneficio.

    Posteriormente la Ley 20.027, promulgada el 1 de junio de 2005, da vida al famoso CAE,  que desde su puesta en marcha y solo entre los años 2006 y 2011, otorgo el Crédito con Garantía Estatal a más de 360 mil estudiantes. Este beneficio, en otras palabras el CAE, es un crédito otorgado por los bancos nacionales, con una tasa de interés de un 5,8%, que a diferencia del “Fondo Solidario de Crédito Universitario” para universidades tradicionales que establecía solo un 2% de interés.

    En retrospectiva, los beneficios del CAE, no quedan claros, si son para los estudiantes o para las empresas bancarias, las que gracias a las leyes promulgadas y mantenidas por los gobiernos nacionales le han entregado a la fecha más de ochocientos[2] mil clientes forzosos a las entidades financieras.

    El CAE sufre su primera modificación el 17 de agosto de 2011, acción que se toma para tratar de frenear el conflicto estudiantil asociado al endeudamiento, producto de esto el gobierno  asumió el costo fiscal de $100[3] mil millones de pesos anuales para bajar la tasa de interés del CAE de un 5,8% a un 2%. De esta forma, traspasa la deuda de las y los estudiantes a todo el pueblo de Chile, que ahora debe pagar los intereses y las deudas de aquello con sus impuestos y la riqueza que genera el trabajo.

Costos de la Educación Universitaria para el Pueblo de Chile.

    Lo primero que debemos exponer, es que el CAE es un “Crédito con Aval de Estado”, esto quiere decir que si el sujeto que contrae una deuda no se hace responsable del pago de esta, será el Estado, o sea todas y todos los chilenos quienes asumiremos dicha deuda con los bancos acreedores, producto de esto es que para el año 2017, el Estado había traspasado vía compra de la deuda de los estudiantes universitarios a los bancos un total de $2.6 billones de pesos, esto “equivale al doble de lo que el fisco debía invertir en dicho mecanismo”. La cifra es un acumulado que se origina con el nacimiento del CAE, además de ello, el Estado le traspasó a los bancos solo en el año 2017, un total de $726.427 millones de pesos, por compra de deuda del CAE, esto representa un 36,5% del total del presupuesto nacional destinado para la educación superior, porcentaje similar al que se entrega por gratuidad, que representa un 37,6%. En otras palabras el CAE y la Gratuidad concentran el 74,1% del total del presupuesto para educación superior del Estado.

    Debemos considerar también que el Estado les traspasa nuestros recursos económicos a las instituciones privadas (universidades, IP y CFT) vía becas, de esta forma en 2015 el fisco aportó por este “ítem $230,9 mil millones: $92 mil millones a través de la Beca Nuevo Mileno; $69,4 mil millones por la Beca Juan Gómez Millas; $17,9 mil millones por excelencia académica; $4,5 mil millones por la Beca Vocación de Profesor; $3,8 mil millones por la reubicación de ex alumnos de la Universidad del Mar; $2,7 mil millones por Becas Valech; $2,5 mil millones por Beca para hijos de profesores; otros $3,6 mil millones por “articulación”; $920 millones por nivelación académica y otros $33,6 mil millones que la Contraloría agrupa como “otras becas”. Con respecto a las becas Juan Gómez Millas y Nuevo Milenio, el Estado entrega $161 mil millones a las instituciones privadas, y solo $4,6 mil millones a las universidades del Cruch. De los fondos repartidos por la Beca Juan Gómez Millas en 2015, el 72,3% fue a las universidades privadas, y si se le suma el 19,38% que recibieron los IP y el 6,54% que acumularon los CFT por este concepto, resulta que el 98,2% de los dineros de esta beca fue en 2015 al sistema privado. La repartición de la Beca Nuevo Milenio no es muy distinta. La mayor parte de los recursos lo concentra los IP con 60,7% del total asignado, y los CFT con 35,01%. Las universidades privadas solo registran el 0,2% de esos dineros ($199 millones). Así, un 95% de los fondos de esta beca fueron en 2015 también al sistema privado[4]”. El traspaso de nuestros recursos a los empresarios privados de la educación superior y técnica es escandaloso.

    Lo anterior sin contar los recursos traspasados por becas alimenticias, que ese es otro negocio, expresado en el cheque-restorán.

    A pesar de lo expuesto, y como lo describe la Fundación Sol: “La promesa del aumento del acceso a la Educación Superior, se cumplió ampliamente. El año 2005 (antes de que comience a operar el CAE), se registra una matrícula total de 663.679 alumnos, mientras el año 2016 se llega a 1.247.135 matriculados. Sin embargo, el 70% de este aumento se concentra en sólo 20 instituciones que pertenecen a los siguientes grupos educacionales: i) Laureate International; ii) Santo Tomás; iii) INACAP y iv) Pontificia Universidad Católica[5]”, todas ellas empresas privadas que lucran con los recursos del Estado, o sea con el dinero de todas y todos los chilenos.   

    Por otro lado, “el total de recursos entregados por los Bancos entre 2006 y 2016, a través del CAE, a las instituciones de educación superior acreditadas donde se matriculan los alumnos beneficiados, es de $4,1 billones (millones de millones). Sólo tres bancos se han adjudicado el 90% de los créditos: Scotiabank, Estado, e Itaú-Corpbanca”. En otras palabras los recursos se han traspasado del monopolio de los bancos, a al monopolio universitario privado. “Por otro lado, la matrícula de los establecimientos estatales sólo aumenta 20.634 alumnos y su participación en el total se reduce a sólo 15,4%, convirtiéndose en un apéndice del sistema de Educación Superior[6]”.

    Después de tantos años de información asociado a la educación superior, sabemos que existen más de 800 mil deudores universitarios, además que actualmente se encuentran matriculados en estas casas de estudio más de un millón trecientas mil personas, y la gran mayoría de ellos estudia en instituciones que son propiedad de 4 grupos económicos que conforman un monopolio, y que los bancos que han otorgado los créditos CAE son principalmente tres. Todo esto financiado por el Estado, en otras palabras por todas y todos los chilenos. En este mismo marco, también sabemos que las universidades públicas solo representan el 15,4% de la matrícula, donde estudian las y los mejores estudiantes, en otras palabras las y los con mejor NEM y el mejor puntaje de la PSU, que no son los pobladores ni los más pobres de Chile. En otras palabras las universidades privadas, entregan sus servicios educacionales a los más pobres de Chile, lo que es una contradicción por donde se le mire. Pero lo que no sabemos es cuantos profesionales están saliendo al año de las diversas casas de estudio del país, información importante que intentaremos esclarecer.

    El primer dato que debemos exponer, es que “de quienes entran a la universidad, se titula sólo el 55%, el 45% restante se endeuda y no consigue un título. En total, si consideramos a todos quienes ingresan a la universidad, los que se titulan y finalmente logran trabajar en la profesión estudiada, no superan el 17%[7]”.

    Con respecto a la cantidad de titulados, expondremos el caso de los dentistas, “los nuevos profesionales han aumentado paralelamente al aumento de las matrículas; el año 1990 se titulaban en todo Chile una cifra cercana a 200 nuevos dentistas por año. El año 2008 se titularon 640 nuevos profesionales, más de tres veces los que se titulaban en año 1990 y para el 2012 la titulación de nuevos dentistas llego a 1.101 por año, incrementándose así en un 72% las titulaciones en cuatro años. El año 2016 la cantidad de nuevos dentistas titulados alcanzó a 1.433 nuevos profesionales, incrementándose nuevamente las titulaciones en un 30,15% en cuatro años. Si comparamos las titulaciones entre el año 2008 y el año 2016 el incremento en los últimos 8 años ha alcanzado al 123,9%, es decir, se ha más que duplicado, lo que explica el exceso de profesionales odontólogos en Chile (Fuente: Consejo Nacional de Educación).

    El colegio de dentistas, expone con preocupación estos datos ya que ellos entienden que un exceso de profesionales en su área se traducirá en una sobre oferta de este lo que hará bajar los precios de los servicios que ellos prestan. Esta es una preocupación económica, ya que los dentistas saben que sus ingresos comenzarán a disminuir sistemáticamente por la alta competencia que se estaría produciendo en el mercado. Esto podría ser positivo para la población en general, ya que nos veríamos beneficiados por la baja del costo de esta atención médica, haciéndola más accesible, pero los profesionales dentistas, no lo ven así, ya que ellos, como se podrá comprender, buscan maximizar sus ganancias y la competencia no les conviene, ya que se han neoliberalizado y ya no piensan en la salud pública si no en su beneficio personal. Ellos al igual que muchos profesionales universitarios y técnicos, al parecer olvidan que quien financia sus estudios es nuestro pueblo, por lo que deberían estar a nuestro servicio y no al del bolsillo propio.

    El problema de la sobrepoblación de profesionales de las diversas áreas, es un hecho que no solo debería preocupar a los colegios profesionales, sino que también a toda la población, principalmente a las y los nuevos estudiantes universitarios, que en la práctica estudiarán una carrera que lo más probable no podrán ejercer, en otras palabras no tendrán un futuro profesional. Esto lo exponemos luego de revisar las estadísticas de las y los titulados de las universidades, de los centros de formación técnica y los institutos profesionales, ya que de estas tres instituciones se titilaron entre los años 2007 y 2016, un total 1.570.015, de las cuales 875.639 fueron mujeres y 694.646 hombres. Si consideramos únicamente a las y los titulados de las universidades, entre el mismo lapso de tiempo, sumamos un total de 940.968 personas con un título profesional, quienes están tratando de ingresar al mercado laboral. A continuación presentaremos un cuadro resumen de la cantidad de titulados universitarios por año. Al final de este artículo, podrás encontrar los cuadros resumen de los titulados por universidad.

TITULADOS DE UNIVERSIDADES ENTRE 2007 Y 2016

    Los datos presentados fueron extraídos de la base de datos del ministerio de educación, y como se puede observar no están considerado el año 2017, que si asumiéramos que es un número similar al de 2016, estaríamos hablando que a partir de la creación del CAE, se han titulado a la fecha más de 1 millón de profesionales universitarios en nuestro país.

    Como lo hemos expuesto con anterioridad, el CAE, ha significado un gran negocio de la empresa privada que vende educación universitaria, esta afirmación la comprobamos, no solo con la información del traspaso de recursos económicos del Estado a estas empresas privadas, además exponemos un cuadro resumen, donde exponemos el número de profesionales titilados tanto de las universidades públicas, contrastados con las y los de las privadas.

    Como se puede observar a simple vista, las universidades privadas ya sean del CRUCH o no, producen el mayor nivel de profesionales titulados por año. Este nivel de producción finalmente viene a explicar la cantidad de recursos traspasados por el Estado a la empresa privada de la educación.

LOS FACTORES ECONÓMICOS QUE EXPLICAN EL FIN DEL CAE.

    Como cualquier economista sabe, todo producto o bien, incluso los servicios, tiene un periodo de crecimiento de mercado hasta llegar a su tope máximo, cuando llega a dicho punto, el consumo de dicho bien, se mantiene en su tope, o como generalmente ocurre, comienza un proceso de  decrecimiento o disminución de la demanda. Esta situación ocurre cuando el mercado ha sido saturado por dicho bien, en otras palabras, la población ya no necesita adquirirlo pues su necesidad ha sido satisfecha. Particularmente, para enfrentar la saturación del mercado, los empresarios crearon lo que hoy se conoce como “Obsolescencia programada”, esto quiere decir que los productores de bienes y servicios con el objetivo de prolongar el consumo de los productos que fabrican, elaboran estrategias para que estos productos tengan una vida útil muy limitada, y así seguir fabricandoy vendiendo a través de la continua renovación de estos. Esto no necesariamente ocurre en el negocio de la educación superior, y menos aún en el mercado de los créditos y préstamos.

    El fin del CAE, no tiene la finalidad de liberar de la deuda a las y los estudiantes de educación superior, por el contrario, este se produce por un proceso de saturación de mercado, tanto por la amplia cantidad de profesionales egresados de las casas de estudio universitarias, CFT e IP, los que a la fecha suman más de un millón y medio de jóvenes, que no tienen cabida en el mercado laboral nacional, hecho que se explica con las estadísticas antes enunciadas, que establecen que sólo el 17% de las y los profesionales se encuentran trabajando en su área de estudio. Información sobre este tema existe en abundancia, es así como para el “año 2016, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) señalara que la cesantía entre los profesionales aumentó en un 31,7%, lo anterior, sin considerar a los subempleados, que llegaron a un total de 626.000 (profesionales trabajando en empleos distintos a la carrera estudiada)[8]”, de la misma forma el diario financiero el 26 de enero del 2018 informaba que “los cesantes con mayor años de estudio también experimentaron un incremento por encima de la tasa general: quienes reportaron poseer entre 15 a 21 años de estudios pasaron de 125 mil personas a casi 146 mil en un año, lo que se traduce en un incremento de 16,7%”, sí a sumimos que estas cifras son correctas, estaríamos hablando que el 48,4% de las y los profesionales nacionales se encuentran cesantes.

    La información, no quiere decir otra cosa que, en Chile existe una saturación de profesionales, lo que se traduce en el aumento sistemático de cesantes ilustrados. El hecho de que estos profesionales se encuentren sin trabajo, o estén subempleados, significa que ellas y ellos no pueden responder a sus compromisos financieros con los bancos prestamistas que financiaron sus carreras. Si consideramos que en el país existen más de 800 mil profesionales endeudados por los créditos universitarios, y que el 48,4% de ellos se encuentran cesantes, y que el 34,6% de ellos son subempleados, podemos asegurar que nos encontramos frente a una crisis financiera grave. En este marco de realidad es donde los gobiernos neoliberales salen al rescate de los negocios de los bancos.

    La crisis financiera en que se encuentra el país, se explica por diversos motivos, el primero de ellos es que el nivel de endeudamiento de las y los chilenos ha aumentado al 71,1% de su salario, lo que limita la posibilidad de las diversas instituciones financieras de poder seguir entregando créditos a la población, pero lo más grave, es que la población de clientes de recambio para los bancos y las casas financieras, que serían los nuevos profesionales, al salir de las universidades, CFT e IP, ya se encuentran endeudados como mínimo por $20 millones de pesos los que deben ser cancelados en un periodo de 15 años.

    La condición de endeudamiento y el periodo de tiempo en la cual este debe ser cancelado, inhabilita a las y los nuevos profesionales para asumir nuevos créditos y préstamos en el sistema financiero, hecho que limita los negocios y las ganancias de los bancos. La inhabilidad de solicitar créditos y préstamos al sistema financiero, afecta a diversos mercados de bienes, particularmente al inmobiliario, que requiere de la participación del sistema financiero para la venta de viviendas, sin la cual dicho mercado se limitaría casi exclusivamente a la producción y venta de viviendas sociales financiadas por el Estado.

    La sobre producción de profesionales y endeudados, también tiene consecuencias concretas para las universidades, que se traducirán en un proceso de desaparición paulatinamente de ellas, hecho que se verá fortalecido con la nueva reforma universitaria que pone fin del CAE.

PROPUESTAS PARA EL FIN DEL CAE

    Como se habrán informado, al finalizar el gobierno de la Presidenta Michel Bachelet se presentó un proyecto de ley que finalizaba con el CAE, específicamente saca a los bancos del negocio de la educación y establecía un cobro contingente al ingreso. En concreto, el sistema propuesto por Bachelet se llamaría CEPES y en él se establecían tres tramos de interés según el nivel de ingreso: quienes recibieran un salario de hasta $490.000 pesos no tendrán recargo; los que tengan un sueldo de hasta $1,1 millones deberán pagar un interés de un 2%, y quienes ganen sobre esa suma tendrán una tasa de interés de 4%. Esta propuesta fue desechada por el Presidente Sebastián Piñera, quien en la Cuenta Pública que se llevó a cabo el 1 de junio de 2018 en el Congreso, anunció un nuevo sistema que reemplazará al Crédito con Aval del Estado (CAE) y el Fondo Solidario, denominado "Sistema Único de Créditos". "Este será un sistema administrado por el Estado, sin intervención de la banca privada, con una tasa de interés del 2% anual. Los estudiantes no pagarán mientras estudian y la cuota a pagar en ningún caso excederá el 10% de sus ingresos. De esta forma, si la persona no tiene ingresos simplemente no paga", además, "Este Proyecto también beneficiará a los actuales deudores morosos, cuya deuda impaga se agregará al final de las últimas cuotas del nuevo sistema". El Presidente explicó que la deuda podrá comenzar a pagarse cuando se egrese y la persona ya se encuentre trabajando. Si es que todavía queda por pagar, se condonará después de 15 años.

    Como el proyecto de Bachelet ya fue descartado, nos debemos remitir a la realizada por el actual presidente, que específica que el "Sistema Único de Créditos" será administrado por el Estado, es como regresar al crédito con aval del Estado que nace en 1981. Esto quiere decir directamente que la deuda de las y los estudiantes universitarios pasará a manos del Estado, y de esta forma se limpiarán los antecedentes comerciales de las y los profesionales endeudados con la educación. Esto puede ser analizados de varias perspectivas, pero la que nos interesa destacar en este artículo, es que, al asumir la deuda universitaria el Estado, libera como mínimo 800 mil clientes, profesionales titulados, que gracias a esta nueva ley pueden adquirir créditos y préstamos del sistema financiero, en otras palabras le facilita el negocio a los bancos y a las empresas inmobiliarias, por otro lado, se le da  un salvavidas al sistema financiero nacional, que se parece mucho al rescate que realizo la tiranía en el año 1982, cuando rescata a los bancos y empresas privadas que quebraron producto de la crisis económica de dicho periodo. El traspaso de la deuda de las y los estudiantes al Estado, significa que es el pueblo de Chile, deberá nuevamente asumirá el pago de este negocio millonario, en otras palabras nuestros impuestos y la riqueza que genera nuestro trabajo pasará directamente a los bolsillos de los empresarios nacionales y extranjeros de la educación. Esto no es más que la expresión material del sistema neoliberal subsidiario chileno.

    Este proyecto no solo establece que asumamos la deuda de las y los estudiantes universitarios, además “extiende la gratuidad a los estudiantes de CFT e IP que pertenecen a familias que se encuentran en el séptimo decil de ingresos……El otro proyecto busca dar una solución al financiamiento estudiantil para la educación superior, aliviando la vida de miles de jóvenes. El nuevo sistema propone un único crédito solidario para todos los estudiantes de los primeros nueve deciles de ingresos que estudien carreras de pregrado en instituciones de educación superior que se encuentren adscritas a este sistema y es retroactivo para quienes hoy se encuentran pagando, terminando así con las discriminaciones arbitrarias entre estudiantes. El crédito contempla para todos los estudiantes el financiamiento total de arancel regulado. Además, contempla un financiamiento diferenciado para la brecha entre el arancel real y el regulado. Este financiamiento cubre entre 30 y 90% de la brecha[9]”. Esto quiere decir que el Estado, o sea, todas y todos los chilenos, financiaremos el pago de las matrículas y aranceles de las y los nuevos estudiantes de la educación superior, incluyendo magister y doctorados, en otras palabras el negocio de los empresarios de la educación sigue asegurado por nuestro Estado.

    Liberar a los bancos de los deudores universitarios, y asegurar el negocio de las empresas educacionales, no termina con la crisis de sobre producción de profesionales chilenos. Como lo explicamos con anterioridad, todo mercado liberal y neoliberal, sufren crisis de sobre producción, esto ocurre cuando saturan los mercados con sus productos, bienes y servicios, esto mismo ocurre con las y los profesionales titulados, es por lo mismo que se hace necesario y urgente limitar la producción de “estos”, y dicha limitación no se puede realizar negando el ingreso a la educación superior, por lo que se debe realizar por otros medios, particularmente con el cierre de casas de estudio, cuestión que se contempla con la nueva reforma universitaria.

    Ahora bien, en el país existen 60 universidades, 44 institutos profesionales (IP) y 59 Centros de Formación Técnica (CFT), empresas de la educación que entre los años 2007 y 2016, produjeron un total 1.570.015, (un millón quinientos setenta mil quince) profesionales, los que a todas luces es un número exagerado de titulados para un mercado laboral reducido, donde existe un total de trabajadoras y trabajadores ocupados de 8.389.030[10], de los cuales 5.392.148 (64,30%) tienen un contrato formal, y los restantes 2.996.882 (35,70%) son trabajadores y trabajadoras informales. Un mercado laboral con estas características no tiene la capacidad de recibir más profesionales universitarios y técnicos, hecho del que se encuentra consciente el gobierno, es por este motivo que con la reforma universitaria de Piñera, “la acreditación institucional pasará de ser voluntaria a obligatoria para todas las universidades, CFT e IP a partir de 2020 y existirá un plazo de cuatro años desde esa fecha para que todo el sistema cumpla la ley. Ésta ya no se basará en años sino en niveles de acreditación. Además, la certificación voluntaria de carreras ya no se permitirá como un proceso permanente, que hoy está en manos de las agencias acreditadoras (y que tras la entrada en vigencia desaparecerán), sino que se abrirán períodos para que la CNA acredite grupos de carreras. Los postgrados tendrán la obligación de estar certificados. En total hoy hay 66 instituciones no acreditadas, las que deberán ajustarse a la nueva ley dentro de los plazos legales[11]”, en otras palabras se aumentará el nivel de exigencia a las empresas de la educación superior, y las que no puedan cumplir con estas no recibirán el beneficio de la gratuidad, y al no existir el crédito otorgado por los bancos estas perderán matricula hecho que las llevará a su desaparición, fusión o venta, de esta forma se pretende comenzar a disminuir paulatinamente la cantidad de empresas de educación superior. Las universidades que sobrevivirán a este proceso, serán las con una postura ideológica más clara y concreta, lo mismo ocurrirá con los CFT y los IP.

Gracias al CAE, la educación universitaria hoy día se encuentra en una crisis, que será solucionada con la eliminación de empresas de educación superior. Esta crisis, se origina en con la creación del CAE en 2005, y se desata actualmente (2018), esto quiere decir que tan solo en 13 años se saturo el mercado de profesionales universitarios, si consideramos que en promedio un profesional se demora un ideal de 5 años en titularse, podemos asegurar que en 13 años han egresado solo 2 generaciones de profesionales de las diversas universidades del país, y con una tercera generación que estaría terminando en el 2020, ya no existiría posibilidad de seguir sumando nuevos profesionales.

    La nueva reforma universitaria, establece ahora la gratuidad para todos los Institutos Profesionales IP, y para los Centros de Formación Técnica CFT, que produce profesionales titulados con un promedio de 2 años y medio, y que entre el periodo entre 2007 y 20017, ya han egresado más de medio millón de técnicos profesionales de las diversas áreas. Si las universidades se demoraron 13 años en saturar el mercado, podemos asegurar que la gratuidad para los IP y los CFT, saturara el mercado en un periodo no superior a los 5 años, por lo tanto, en 2022, nos estaríamos enfrentando a una nueva crisis de saturación de profesionales técnicos.

Al parecer, nuestros gobernantes, no han pensado en las consecuencias de sus acciones, y solo piensan en mantener el negocio de los empresarios privados de la educación, todo ello financiado con los recursos de nuestro pueblo.

    Finalmente, el neoliberalismo instalado a sangre y fuego por la alta burguesía y la rancia oligarquía nacional, y mantenido y profundizado por los gobiernos de la concertación y la ultra derecha, solo piensan en los negocios de sus amigos y familiares empresarios, sin importar el costo para nuestro pueblo, y en este ejercicio han terminado eliminando la promesa de que la educación universitaria mejoraría las condiciones materiales de vida de las y los jóvenes de nuestro país, producto del sobre-endeudamiento y la sobre-producción de profesionales.

Mario Paz Montecinos

Secretario General de Los Hijos de Mafalda

“El Mayor Compromiso Con Nuestro Pueblo Es La organización.

Súmate Al Trabajo de Los Hijos de Mafalda”