LA RESOLUCIÓN DE LA HAYA, O ¿LA MANIPULACIÓN MEDIÁTICA PARA PROTEGER LOS INTERESES HISTÓRICOS DEL EMPRESARIADO Y DIVIDIR A PUEBLOS HERMANOS?

Por Luis Santibañez, Presidente de los Hijos de Mafalda

Mucho se ha mostrado en los medios de comunicación, sobre el supuesto conflicto entre Chile y Perú, es cosa que encender la televisión, y todos los canales muestran a autoridades políticas, empresarios, abogados y cientistas tratando de explicar las causas de un conflicto que se arrastra hace más de dos siglos. Sin embargo, al parecer nadie o muy pocos entienden cuáles son los tratados, los límites marítimos, y las millas marinas que le corresponden realmente a uno u a otro país, y parece ser que todos esos conceptos como “directrices”, “líneas equidistantes”, y “línea de la concordia”, son la raíz del problema, cuando en realidad, son sólo tecnicismos que si bien es necesario saberlos, no tienen ningún sentido cuando se presentan sin una explicación certera y peor aún, sin un contexto histórico veraz que permita que la población se haga un juicio o una opinión basada en información real, por lo tanto, para variar, los medios de comunicación de masas, han utilizado este “conflicto” para desinformar a la población, y así impedir ver cuáles son los reales intereses que están en juego.

Por otra parte, debido a la pésima educación que existe en nuestro país, y la pobreza de contenido en las materias como historia y geografía, así como la inexistencia de una educación cívica para los jóvenes Chilenos, no debe sorprendernos la situación que se describe en el párrafo anterior, ya que el desconocimiento de los procesos históricos y como estos generan hechos o hitos relevantes para la memoria colectiva de un pueblo, hoy en día, gracias a la instalación del modelo Neoliberal con su representación “pos moderna”, establece que en los canales masivos de televisión se encuentra la información justa y necesaria para hacerse un juicio de valor o una opinión, y por qué no, la verdad absoluta.

Por lo tanto, tampoco debe sorprendernos ver manifestaciones sociales que expresen odio racial hacia los pueblos hermanos de Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, y en general hacia los inmigrantes. Tampoco, debe sorprendernos ver como las carencias materiales, intelectuales y emocionales, se transforman en la participación de nuestra juventud en movimientos neo-nazis, u otros grupos y subculturas Neo facistas, como los narco-traficantes,  ya que estos estereotipos han sido impuestos en las poblaciones para someter a nuestro pueblo, y para que el empresariado pueda defender sus intereses con frentes de choque alternativos a las fuerzas armadas, y así generar control social permanente a través de la violencia y el terror a la población.

Sin embargo, las organizaciones políticas de izquierda que luchamos por la construcción del Socialismo y la liberación del género humano, tenemos un rol absolutamente diferente, que por razones obvias no son exigibles a los Neoliberales que detentan el poder en los medios de comunicación de masas, en el gobierno, en la economía, en la “justicia”, etc. Nuestro deber moral, antes de cualquier llamamiento a la unidad de los pueblos hermanos, es explicar la verdad histórica sobre cuáles son los intereses de clase que se juegan en un conflicto que no es de banderas, tradiciones, costumbres, ni color de piel, sino más bien de la propiedad de los recursos naturales y como estos determinan un camino u otro en las visiones sobre el desarrollo de la humanidad y su proyección estratégica en el mundo.

Para llevar a efecto esta tarea, en primer lugar debemos realizar un recorrido por la historia de nuestro país, específicamente en el capítulo que marca la guerra del pacífico sucedida en 1879 entre Chile, Perú y Bolivia. Para esto, antes que todo, debemos comprender que este conflicto armado es fundamentalmente la guerra por la propiedad del Salitre, y que como tal representa un conflicto intencionado por el empresariado Chileno para tener el control de las ciudades salitreras de Tarapacá y Antofagasta[i], debido a que estas tenía Plata, guano, cobre, y principalmente salitre, entre otros recursos. Como la mayoría sabe, este conflicto fue ganado por el ejército Chileno, ejercito que estaba al servicio de un grupo de empresarios que ya en 1863 habían conformado la compañía de salitres y ferrocarril de Antofagasta[ii], entre los cuales se encuentran Agustín Edwards (tátara abuelo del actual dueño del diario el Mercurio y la Segunda), José Santos Ossa, Francisco Puelba y el Inglés Guillermo Gibbs.

Sin embargo, en ese entonces las ciudades de Tarapacá y Antofagasta, no eran Chilenas, sino Bolivianas, pero debido a que en dicho país también había un gobierno que privilegiaba a sus capitalistas y no a su pueblo, la burguesía de nuestro país pudo ingresar fácilmente mediante tratado comercial. Evidencia de esto, es la declaración del ministro de hacienda Boliviano el 5 de Septiembre de 1868, quién expedía la siguiente resolución: “Se concede a la sociedad exploradora del desierto de Atacama, en donde participaban los empresarios mencionados anteriormente, el privilegio exclusivo de 15 años para la explotación, elaboración y libre exportación del salitre en el desierto de atacama”[iii].

Sin embargo, antes de la resolución dictada por el gobierno de dicho país, el empresariado Chileno comenzó a penetrar en la costa Boliviana a fines de la década de 1850, explotando guano de la zona de mejillones, al norte de Antofagasta. Es por eso que en 1866, se establece el paralelo 24 entre Chile y Bolivia como límite entre ambos países[iv]. Gracias a este tratado, el empresariado Chileno pasó los límites del poder económico y, ganó el derecho a tener un inspector de aduanas en el puerto de mejillones en Bolivia, lo que le permitió importar productos a través de ese puerto y abrir un nuevo mercado. Pero eso no les fue suficiente, ya que posteriormente los Chilenos lograron obtener cargos públicos en las municipalidades Bolivianas con el objetivo de generar poder político en dicho territorio. Esta situación se confirma con que el primer cuerpo de agentes municipales de Antofagasta, estaba integrado por 9 agentes, seis de estos eran Chilenos, dos Alemanes y uno inglés[v].

Lo anterior refleja el carácter expansionista del empresariado Chileno en términos económicos y políticos a través de una estrategia de invasión progresiva, con el afán de abrir nuevos nichos de negocios, no solamente con la tierra a través la explotación del salitre, sino también en la costa explotando guano y así utilizarlo como abono para la exportación principalmente a Inglaterra, acción que no se hubiese podido desarrollar si no se hubieran apropiado del puerto de Mejillones en Bolivia, como centro estratégico para vender los recursos explotados.

Por otra parte,  estaba Perú, país que tenía un empresariado que controlaba la mayor parte de las estacas salitreras en las ciudades de Antofagasta y Tarapacá, pero que sin embargo se veían obligados a realizar sus operaciones comerciales a través de las casas financieras ubicadas en Valparaíso, lugar que corresponde al centro neurálgico de las exportaciones Chilenas. Por lo tanto a los capitalistas Peruanos, les convenía más el uso del puerto de Iquique que transportar sus productos desde Antofagasta hasta el centro de Chile en Valparaíso.

Sin embargo, en 1873, mediante decreto del presidente de Perú Manuel Pardo se determinó el estanco del Salitre, es decir, la compra de la producción de este mineral sólo por el Estado Peruano, acción que provocó una aireada protesta tanto de los capitalistas Peruanos como de los empresarios Chilenos que controlaban desde Valparaíso todas las operaciones de venta del mercado mundial[vi]. Esta medida generaba un retroceso para la burguesía comercial y financiera chilena que había logrado, luego de la guerra en contra de la confederación Perú-Boliviana, la supremacía de Valparaíso en el pacífico en la guerra de 1837-39. Ahora el presidente Manuel Pardo posicionaba al puerto de Iquique.

Posteriormente, en Mayo de 1875, el presidente Pardo, promulgó una ley tendiente a la nacionalización del salitre, la que establecía en su artículo 3 que: “Se autoriza al poder ejecutivo para adquirir los terrenos y establecimientos salitrales de la provincia de Tarapacá, adoptando con este objeto las medidas legales que juzgue necesaria”[vii]. Por lo tanto esta ley prohibía la adjudicación del salitre a terceros y a particulares, situación que profundizó el nivel de conflictividad con el empresariado Chileno que explotaba mineral en la ciudad de Antofagasta.

Hay que tener en cuenta que las medidas del presidente Peruano Manuél Pardo eran bastante progresivas para la época, ya que tanto en Chile, como en Perú y Bolivia, hasta antes de 1873, el empresariado criollo (sobre todo el Chileno), se fue desarrollando en base a una economía comercial basada en la exportación de materias primeras. Por el contrario, la política Peruana de 1878, que implicaba la nacionalización del salitre, significaba la activación de la economía interna, generación de mayores plazas de empleo, por lo tato mayor consumo y satisfacción de necesidades, así como la generación de valor agregado a los recursos destinados a la exportación, situación que se oponía al empresariado comercial Chileno, Peruano y al Inglés.

Esta política con tendencia desarrollista, afectaba directamente a los empresarios de los tres países en cuestión, tanto así que  los capitales afectados alcanzaron las siguientes sumas en soles: peruanos 10.665.093, Chilenos 3.554.726, Ingleses 2.825.000, el 70% de estas salitreras.[viii] Por lo tanto, alguien tenía que adelantarse para golpear este proceso de Nacionalización y frenar la proliferación de esta idea, que después del presidente Pardo, continuó con Prado en Perú hasta 1879.

En ese entonces, en Chile Gobernaba el presidente Aníbal Pinto, quién comenzó a ser fuertemente presionado por Agustín Edwars, Melchor de Concha y Toro, José Santos Ossa, Francisco Puelba y el Inglés Guillermo Gibbs, para declarar la guerra al Perú y a su vez a Bolivia con el objetivo de controlar las zonas salitreras de Tarapacá y Antofagasta. Prueba de esta presión para declarar la guerra es la declaración que realiza posteriormente la misma sociedad de agricultura en 1884, que dicta lo siguiente: “Las medidas tomadas por el gobierno peruano no sólo le aseguraron la producción de salitre sino que más o menos directamente fueron causa de la guerra con nosotros” (Sociedad Nacional de agricultura: Boletín N°16, 20/12/1884, p, 91, artículo “impresión los salitreros”[ix]

Por lo tanto, y de acuerdo a lo anterior, es herrado considerar como causas de la guerra del pacífico, el tratado secreto firmado por Perú y Bolivia en 1873 y la violación por parte de Bolivia del tratado de 1874 con Chile, al fijar 10 centavos de impuesto por quintal de salitre exportado desde Antofagasta, ya que no era conveniente para el empresariado Chileno iniciar un conflicto armado, que significase realizar cuantiosos gastos en dinero, cuando en Bolivia el empresariado Chileno tenía una gran gama de negocios que no era conveniente poner en peligro, por un pequeño impuesto que durante 5 años pagaron sin inconvenientes.

Para demostrar la afirmación anterior, sólo hay que tomar en cuenta que el empresariado Chileno en Bolivia, además de explotar la mina de plata en caracoles, también explotaban otros lugares del territorio Boliviano como las minas Huantajalla, Coroco y socavón de la virgen de Oruro[x]. Vale decir que uno de los principales accionistas de la mina de plata Huanchaca, era el Chileno Melchor de Concha y Toro que tenía 355 acciones; Elías y Ezequiel Balmaceda con 125 acciones; Ramón y Gregorio Donoso, con 95 acciones, y Rafael Larraín, con 35 acciones[xi]. ¿Le parecen conocidos estos apellidos?

Por lo tanto, lo realmente peligroso en ese momento era el proyecto nacionalista y desarrollista peruano, ya que cuestionaba el sistema económico y político imperante, y principalmente la propiedad privada de los recursos naturales,  especialmente el salitre que se usaba como fertilizante en la agricultura europea y norteamericana a partir de 1850 y su utilización en la elaboración de explosivos y de diversos productos químicos. Por lo tanto, el empresariado Chileno, Peruano e Inglés estaban en contra del proyecto nacionalista de Pardo en 1875, y posteriormente prado en 1878.

Finalmente, y sólo como dato a la causa el 19 de Noviembre de 1879 el ejército Chileno realiza la ocupación militar de Iquique, situación que determina la declaración de guerra de Bolivia a Chile, lo que al mismo tiempo,  hace efectivo el tratado secreto de 1873 entre Perú y Bolivia. Finalmente  las campañas de Tacna y Arica en 1880 terminaron con un triunfo decisivo de Chile en la batalla de Moquegua. 

Como se puede observar, los conflictos a lo largo de la historia se van repitiendo, pero también se van repitiendo los encargados de generar los conflictos, es así que podemos ver a las mismas familias heredándose la riqueza y la propiedad del país, vemos como los Larraín, los Concha y Toro, los Edwards, los Balmaceda, etc grupos que arrastran un poder desde la colonia, son los mismos que intencionaron la guerra del pacífico y mandaron al combate a nuestro pueblo, y son los mismos que hoy detentan el poder político y económico con el sistema neoliberal.

Una vez explicadas las causas más importantes de la guerra del pacífico, recién podemos explicar cuál es el conflicto que se sucedió entre Chile y Perú en la corte internacional de la Haya durante el mes de Enero de 2014, conflicto que se reabrió el año 2008 con el presidente Alan García, y que actualmente fue retomado por el presidente Ollanta Humala.

En realidad, si seguimos el eje histórico que se presenta anteriormente, debemos decir que entre Chile y Perú no hay ningún conflicto, y menos estamos a exportas de una nueva guerra del pacífico, por lo tanto,  lo que han montado los diferentes medios de comunicación ha sido una inyección de chovinismo, es decir, un orgullo sin sustento real por defender algo que los empresarios nos han quitado, un sentimentalismo lleno de odiosidad y discriminación a los pueblos hermanos que ha sido instalado por la clase dominante para desviar la atención de los conflictos sociales y políticos que existen al interior del país. Esto se expresa en que, si un gobierno tiene conflictos internos, es mejor desviar la atención hacia el exterior, situación que se refleja particularmente con el gobierno de Ollanta Humala que tiene sólo un 30% de aprobación ciudadana.

Por otra parte debemos considerar que las guerras territoriales pueden ser muy rentables, pero también pueden ser innecesarias cuando ya existe un mercado instalado entre ambos países. En ese sentido hay que saber que más de 300 compañías chilenas tienen actualmente inversiones en territorio peruano por 13.600 millones de dólares mientras los negocios de empresas peruanas en Chile superan ya los USD 7.000 millones[xii], por lo tanto y debido a esta misma razón el presidente de la cámara de comercio Peruana Juan Carlos Fischer Tudela declara que "Hay demasiado dinero involucrado para que este fallo pueda poner en riesgo todo el trabajo que se ha hecho en ambos países"[xiii].

En concordancia con lo anterior, según el mismo Juan Carlos Fischer, Perú tiene invertido en Chile US $7.000 Millones, mientras que Chile en Perú US$13.000 Millones. La diferencia se da porque Chile comenzó las inversiones mucho antes que Perú. Estas inversiones son realizadas por CENCOSUD y su dueño Horst Paulmann; la Familia Larraín Vial que administra la Sociedad de Fondos de Administración en Perú, como una AFP, pero Peruana; La compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC Celulosa) con el grupo Matte; Ultramar con el empresario Chileno Von Appen; y Falabella de la familia Solari, entre otros.

Por su parte, la primera inversión peruana realizada en Chile fue hace 30 años, con el grupo Romero en el banco BCI, que es propiedad de la Familia Yarur; y actualmente el grupo Brescia, Graña y Montero y Cementos Lima, son las empresas peruanas con inversiones más agresivas en Chile, país donde actualmente hay 2.264 restaurantes peruanos, que es el cúmulo gastronómico más importante que tiene el Perú en el mundo. Por otra parte, las prendas textiles peruanas también van ganando preferencia Chilena.

Finalmente, hay que recordar que tanto Chile como Perú, son países socios de la alianza del pacífico y del Foro de cooperación económica de Asia-Pacífico (APEC), situación que confirma la política de tratados de libre comercio entre ambos países y de estos con las grandes potencias mundiales China y EEUU. Chile y Perú también son miembros del MILA (Mercado Integrado de renta variable), donde también está Colombia, organización que unifica a los países Neoliberales de América del Sur.

Ahora bien, y de acuerdo con la información anterior, si el conflicto no es entre Chile y Perú, o mejor dicho entre el empresariado de ambos países ¿ Con quién es el conflicto ?. Y es ahora donde reaparece en la escena política internacional, nuestro país vecino Bolivia, que como se describió anteriormente se vio inmensamente afectado por la guerra del pacífico, ya que el ejército Chileno bloqueó su salida al mar despojándole principalmente la zona de mejillones y su puerto costero. Debido a esta razón, es que en abril de 2013, Bolivia demandó a Chile ante La Haya para obligarlo a negociar la entrega de una salida soberana al mar, tras perder 120.000 km2 y 400 km de costa en la guerra que les enfrentó en 1879.

El tema, es que más allá de las excusas sobre las resoluciones del tratado de 1954, entre Chile y Bolivia, respecto a la salida marítima de dicho país, si el empresariado Chileno tuviera oportunidad de invertir y generar acumulación de riqueza en el país vecino, probablemente, una salida al mar, no sería algo tan complejo como lo han venido planteando las autoridades políticas hace más de 35 años. Pero el país vecino tiene una particularidad, ya que Bolivia desde el año 2006, luego de inmensas protestas por el derecho al agua y a la propiedad social y colectiva de los hidrocarburos, ha constituido un gobierno plurinacional que respeta y transforma en agentes protagónicos a ese 64% de población indígena. Demandas que se han consagrado mediante un referendo político de consulta ciudadana.

Además Bolivia, al no ser un país que avanza hacia el Neoliberalismo, más bien se acerca a las políticas de un país Socialista, ha privilegiado el desarrollo interno a través de un conjunto de derechos consagrados, como educación, salud, vivienda, y trabajo, además de una incipiente política de industrialización a través de la producción de pilas con litio, la creación de repuestos para automóviles con la empresa INMETAL Y CAMET, e inclusive el desarrollo de tecnología espacial con el primer satélite Boliviano. Por otra parte Bolivia ha crecido económicamente en los últimos años, y el año 2013 ese crecimiento llegó al 6.5%, lo que ha puesto en aumento los proyectos de inversión pública, situación que a su vez genera mayor empleo y estimula el consumo interno.

La información anterior se confirma con que el ministro de economía de dicho país Luís Arce Catacora, informó  que las políticas empleadas por el Gobierno del presidente Evo Morales, han dado como resultado una significativa reducción en el índice de desempleo en el país[xiv], el cual se ubica por debajo del 3,2 por ciento, por lo tanto también según el ministro de la misma cartera, desde que asume el gobierno el presidente Evo Morales desde el año 2006 el desempleo ha disminuido en un 6%.

En coherencia con lo anterior, al disminuir el desempleo, también han aumentado los niveles de consumo interno en Bolivia, es así que  los indicadores de consumo de electricidad, agua y gas se elevaron en más del seis por ciento[xv] Otro indicador que refleja esta mejora es el consumo de alimentos. El Ministerio de Economía recolectó información de los ingresos que captan los restaurantes, en los cuales se revela que en el período neoliberal (2000-2005) el máximo pico alcanzado fue de 67 millones de dólares en 2005, cifra que se elevó para 2012 a 411 millones de dólares y a octubre de 2013 a 416 millones de dólares.

Finalmente, Bolivia, para darle continuidad a su crecimiento económico, y aumentar la satisfacción de necesidades para su población, sus plazas de empleo, así como comenzar a exportar sus productos, como el gas y el litio, se le hace urgente y prioritario una salida al océano pacífico. El problema es que como el empresariado Chileno, sólo depende de la exportación de materias primas, y a diferencia de Bolivia, no pretende avanzar hacia la industrialización, no les conviene bajo ninguna circunstancia aceptar la demanda marítima de dicho país. Además hay que dejar claro, que políticamente ambos países caminan hacia lados opuestos, Chile hacia el Neoliberalismo salvaje, donde todo se privatiza y el Estado subsidia los negocios de los grupos económicos, y Bolivia por su parte, defiende una política de Estado que consagra derechos, y controla al empresariado de su país, además de obligarlo a ser productivo, oponiéndose al negocio rentista y mono-exportador.

Por otra parte, vale decir que, ambos países pertenecen a asociaciones internacionales diferentes que se disputan el orden mundial, en las cuales, por su parte Chile pertenece al ALCA (Alternativa de libre comercio de las Américas), proyecto que nace de la mano de EEUU, con el objetivo de disminuir al máximo las tasas arancelarias de América del Sur, además de beneficiarse de sus materias primas al costo más bajo posible; Chile, también pertenece como se dijo más arriba a la APEC, proyecto en el cual participan algunos países de América del Sur con gobiernos que avanzan hacia el Neoliberalismo como México, Chile, Colombia y Perú, con el objetivo de transformarse en consumidores de China y Japón principalmente, y estos a su vez ser beneficiarios de la materia prima de los países antes mencionados.

Por su parte, Bolivia pertenece al ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), en donde participa Cuba, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, República Dominicana, entre otros países observadores, que apuntan hacia la integración regional de América, con el objetivo de contrarestar las políticas agresivas de EEUU, y avanzar hacia políticas Socialistas en Beneficio de los pueblos Latino Americanos. Por lo tanto, si se discute de posibilidades de conflicto armado entre dos países, Bolivia está más cerca de ser un enemigo de Chile que Perú, aunque mientras el empresariado Chileno, particularmente Angelini, siga siendo propietario del territorio que reclama Bolivia, especialmente Mejillones, el hermano pueblo no podrá disfrutar del jurel y la Anchoveta, que son transformadas en harina de pescado que se utiliza para alimentar salmones carnívoros, los que ni si siquiera los Chilenos consumimos, gracias a que en Chile el Mar, le pertenece sólo a siete familias que destinan nuestras riquezas naturales a la exportación.

Antes de Finalizar, hay que establecer, el dictamen de la Haya, que cedió a Perú 19 mil kilómetros cuadrados de mar, no afecta en ninguna medida la “Zona Económica Exclusiva”, es decir la propiedad de los grupos económicos particularmente del Grupo Angelini con Corpesca, ya que este grupo funcionaba dentro del límite de los 80 mil kilómetros cuadrados de Mar que no fueron tocados. Por otra parte, los pescadores artesanales tampoco se vieron afectados, ya que los kilómetros de mar entregados al Perú nunca les pertenecieron, ya que estos tenían millas marinas ya delimitadas. Además, antes de este conflicto, y de aquí en adelante, sólo el 25% del mar territorial del norte les pertenece a los pescadores artesanales, mientras que el 75% restante sigue siendo propiedad del grupo Angelini.[xvi] Por lo tanto, a los pescadores del Norte, como de todo el país, les afecta mucho más la ley de Pesca, más conocida como ley Longueira, que le entrega la propiedad del mar a siete familias, que el fallo de la haya a favor de Perú.

Finalmente, el Tribunal de la Haya, compuesto por un honorable conjunto de jueces de todas las regiones del mundo, expertos en ciencias jurídicas y que objetivamente buscan representar los sistemas legales de diversas regiones, con el fallo del día Lunes 27 de Enero de 2014, anularon cualquier posibilidad legal para que el hermano pueblo de Bolivia tenga una salida al mar, y pueda caminar hacia el desarrollo de su pueblo.