La Vivienda en el Chile Neoliberal

Por Luis Santibáñez, Militante de Los Hijos de Mafalda

Para comenzar este artículo, lo haremos como de costumbre, es decir, presentando las definiciones correspondientes al tema en cuestión. Para dicho fin, debemos saber en primer lugar, una cosa tan básica, como lo es el significado de "La Vivienda".

Según la Real Academia Española, una vivienda es un lugar cerrado y cubierto, construido para ser habitado por personas. [1] Esta construcción, según otras fuentes, está en función del medio geográfico, de los materiales que proporciona dicho medio, del tipo de población y de la clase de trabajo o modo de vivir. Evoluciona también de acuerdo con el grado de civilización y las costumbres.[2]

Otra definición es la del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el que establece que la vivienda es un recinto de alojamiento separado e independiente destinado a alojar a un hogar. Es decir, un lugar habitado por un determinado tipo de familia.

Sin embargo, más allá de identificar a la vivienda como un mero lugar donde vivir, nos interesa desarrollar este tema, en tanto forma parte de las políticas públicas que todo Estado debiera planificar y ejecutar, para el beneficio del conjunto de la población. En ese sentido, debemos presentar algunos antecedentes históricos que se refieren específicamente a como la vivienda ha sido parte importante en la discusión de los derechos sociales a los que debiera tener acceso todo ciudadano:

En ese sentido, debemos saber que la vivienda es considerada un derecho humano, desde la declaración Universal que se hace de ellos, en La Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de Diciembre de 1948 con la resolución 217 A (III), la que establece en el artículo 25 que "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios ".[3] Cuando hablamos de servicios sociales,  y entre ellos la vivienda, estamos hablando de un conjunto de derechos que desde la concepción liberal, representan los denominados derechos de segunda generación.

Estos derechos, se denominan de esta forma, debido a la propuesta que realiza el jurista Checo, Karel Vasak en 1979, fundando su idea en los valores proclamados en la Revolución Francesa de 1789: Libertad, Igualdad y Fraternidad. A este respecto, los derechos de primera generación, asociados al valor de la Libertad, serían los derechos civiles y los de segunda generación, vinculados al valor de la Igualdad, corresponden a los derechos económicos, sociales y culturales, y entre ellos se encuentra el derecho a la vivienda. [4]

Sin embargo, los derechos de primera, segunda y tercera generación, que se encuentran integrados en la Declaración Universal de la Organización de las Naciones Unidas en 1948, a pesar de ser asumidos en un pacto por el conjunto de los países,  la decisión de adoptarlos, respetarlos y ejercerlos en un territorio, no es vinculante. Por lo tanto, queda en evidencia una vez más, que esta organización a nivel mundial está controlada por los intereses económicos y políticos, principalmente de  Estados Unidos, determinando la falta de derechos sociales en los países del tercer mundo.

Un ejemplo muy claro de dicha situación es nuestro país, Chile. En donde, el derecho a la vivienda no se encuentra consagrado como un derecho, ya que en la actualidad la vivienda es un negocio de las empresas constructoras, las inmobiliarias y los bancos.

¿Por qué la vivienda en Chile no es un derecho social?

La respuesta a esta pregunta, en realidad, no es muy difícil de contestar, sin embargo hay todo un contexto histórico que no se puede dejar de lado, ya que explica en gran medida, la razón de la transformación de la política en vivienda en nuestro país, en relación directa con la capacidad organizativa de nuestro pueblo, específicamente el movimiento de pobladores. No considerar a este actor, como elemento determinante de la política en vivienda en Chile, nos llevaría a asumir que la historia, no es más que el resultado de las “buenas ideas” de la clase dominante, sin considerar el conflicto social y las disputas políticas, como variables inevitables del proceso histórico.

En ese sentido, si hoy en día, no existe el derecho a la vivienda en nuestro país, es porque se sucedieron un conjunto de transformaciones intencionadas, que tenían por objeto, acabar definitivamente con todos los avances en materia de vivienda que el movimiento de pobladores alcanzó en una larga lucha, y que se lograron concretar en mayor medida durante el gobierno Popular del Presidente Salvador Allende Gosens.

Para comprender de mejor forma esta historia, es necesario recordar que el primer triunfo del movimiento de pobladores fue en 1925, durante el gobierno de Arturo Alessandri Palma, momento en el cual, los arrendatarios inician una huelga de no pago, en protesta por el alza de los arriendos, a lo largo de todo el país”[5]. Esta huelga dura seis meses, y finalmente obliga al gobierno a dictar el decreto ley N° 261, que rebajó a un 50% los alquileres de las insalubres viviendas y a crear los tribunales de vivienda. En ese mismo año, se dicta la primer ley de arriendos”. [6] Luis Vitale “Interpretación Marxista de Chile

Este triunfo, marcó la acción que los pobladores en conjunto con los partidos populares de izquierda, llevarían a cabo principalmente desde 1952 hasta 1970, caracterizada por un exponencial aumento de las tomas de terrenos en nuestro país, fenómeno social que se puede graficar de la siguiente manera:

[7]

Lo que este cuadro nos muestra, es como el arriendo en los conventillos fue disminuyendo sustantivamente, para avanzar desde las poblaciones callampas a poblaciones organizadas y consolidadas, que determinaron la autogestión popular de la vivienda en nuestro país, en consonancia con el aumento de la migración campo ciudad y las transformaciones políticas en materia de vivienda que se realizaron principalmente en los Gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gosens.

El exponencial aumento de las tomas de terreno en Chile, paralelamente al fortalecimiento de las fuerzas políticas de izquierda, determinaron que durante el Gobierno de Eduardo Frei Montalva, se realizaran 75.557 operaciones sitio, es decir, soluciones habitacionales, que a través de la Corporación de Vivienda (CORVI), significaron un notable avance en la política habitacional, a pesar de la significativa presión de la Cámara Chilena de la construcción por defender sus intereses en el negocio Inmobiliario. Sin embargo, aunque suene extraño, no podemos olvidar el impacto mundial y en nuestro país, que generó la revolución Cubana en 1959, la que significó una presión objetiva a los gobiernos reformistas de la época, la que se tradujo en generar un ambiente de equilibrio político y social, con la finalidad de evitar explosiones sociales y revolucionarias que acabaran con el régimen de propiedad existente.

Sin embargo, esta política del equilibrio de los gobiernos reformistas, tuvo su punto de inflexión durante el gobierno de Salvador Allende, donde se cimentaron las bases para la construcción de un sistema Socialista, y a su vez para la consagración progresiva del derecho a la vivienda. A esto se suma el total desinterés que tuvieron los gobiernos anteriores desde 1940 hasta el triunfo de la Unidad Popular, por solucionar definitivamente el problema habitacional en Chile.

En ese sentido, si consideramos que  “entre 1967 y 1972 se cuentan 312 tomas que involucran a 54.710 familias, a pesar de la marginalidad legal de esta acción de los Pobladores, en el gobierno de Allende eran asesoradas por el MINVU, orientando a los pobladores para elegir mejores terrenos y colaborando a la urbanización (luz, agua, etc.). “[8]

Por otra parte “al asumir como presidente de Chile, Salvador Allende, empieza a aplicar las 40 medidas de cambio con carácter de urgencia donde en los puntos 20, 21 y 22, suprimen las cuotas reajustables del plan de ahorro popular CORVI (Corporación de la Vivienda) y todas sus deudas, fija el 10% de la renta como máximo para el pago del arriendo y dividendos, destina todos los sitios eriazos, fiscales, semifiscales o municipales a la construcción de poblaciones. La política de expropiación de terrenos, la creación de nuevos empleos y la asignación de viviendas a los más desposeídos, sin segregación clasista, construir viviendas de 36m2 y 52m2 es el plan de construcción que se financiaría con los dividendos fiscales a largo plazo, con 0,5% de interés, y con los recursos de nuestra gran riqueza: el cobre”[9]. 

Finalmente durante el gobierno de Salvador Allende, se edifica la Villa Carlos Cortés en Las Condes con 1.038 departamentos  y se construyen 73.000 viviendas sólo en el primer año. En general aumentó en un 8% anual las construcciones habitacionales, lo que significó que durante cada año de gobierno se construyeran 52 mil viviendas, llegando a un total de 156 mil.

Sin embargo, la derecha golpista y en este caso los empresarios de la cámara Chilena de la construcción, no se dejaron estar, ya que en 1971 la inversión pública en vivienda aumenta en un 40%, mientras que la privada bajaba a un 17%, con el pretexto de que no querían el control Estatal en la producción. Todos estos hechos marcaron, lo que sería posteriormente con el golpe de Estado de 1973, el debacle exponencial de la política en vivienda, lo que significó a su vez, frenar por completo todo el proyecto de construcción y habitabilidad para el pueblo de Chile.

Finalmente, el derecho a la vivienda fue eliminado, porque los empresarios de la construcción,  quienes se encuentran organizados en la cámara Chilena de la construcción, boicotearon toda posibilidad de que el pueblo pudiera ocupar el suelo urbano más fértil, limpio y cerca de diferentes servicios céntricos. Es por este motivo que la tiranía de Pinochet inicia en 1976 diferentes erradicaciones de personas a través de la mal llamada “Operación Confraternidad”, dando inicio al más grande movimiento de población en Chile. “1.850 familias de los campamentos  Nueva Matucana y del Zanjón de la Aguada fueron separadas y llevadas hacia 10 comunas distintas en la periferia de Santiago.  Para el año 1987 otras 29 mil familias ya habían sido sacadas de sus campamentos en Santiago centro, Providencia y las Condes y llevadas, muchas veces en camiones militares, a las nuevas comunas creadas más allá de la Circunvalación Américo Vespucio”. [10] Este proceso de expulsión de los pobres a la periferia se consagra con la promulgación de la reforma urbana de 1981, que establecerá el marco normativo que profundizará las distancias entre centro y periferia, y por lo tanto entre ricos y pobres.

El modelo Subsidiario de vivienda en Chile

El modelo Subsidiario en Chile, se expresa a través de la política de vivienda con una herramienta básica, la cual es el subsidio habitacional y el crédito hipotecario fomentado por los bancos. Si bien el subsidio habitacional existe en Chile desde fines de los años 70, en nuestro país existe una intervención del Estado en materia de vivienda hace más de 100 años. En ese sentido, Chile tiene una fuerte tradición institucional en política de vivienda, especialmente con la acción del Ministerio de vivienda y urbanismo (MINVU), que existe hace 40 años, tradición que se complementa con una larga trayectoria de ahorro y préstamo, costumbre que nos ha llevado a un sistema muy afianzado del crédito hipotecario individual, que pasa por encima de las prácticas  solidarias y de otras formas de garantías colectivas. Sin embargo, el subsidio habitacional es ante todo un mecanismo financiero de apoyo al sector empresarial inmobiliario y de la construcción, modelo que se consolidó durante la tiranía de Pinochet con la instalación del Neoliberalismo a partir de los años 80, momento en el cual se privatiza todo el aparato de producción de viviendas, para que de esa manera el Estado no fuera una competencia en el rubro, y sólo se avocara a entregar subsidios a las personas, y los bancos pudieran a su vez, promover el endeudamiento de nuestro pueblo.

En lo respectivo a la puesta en práctica del subsidio habitacional, debemos considerar que la primera vez que se aplicó el subsidio habitacional en Santiago, fue para la erradicación de los “campamentos”. Esto ocurrió a principios de los años 80, coincidiendo con las medidas adoptadas por la tiranía de Pinochet para “poner orden” en la ciudad, pero en realidad el objetivo era garantizar la plusvalía de los terrenos en el nororiente y en el centro de Santiago, de esa manera se dividían las ciudades en unidades administrativas homogéneas. Así se erradicaron a más de 100 mil pobladores, dispersando a las personas y alejándolas de las organizaciones sociales que existían en los campamentos.

Por otra parte, y en lo que respecta a la producción habitacional,  “a mediados de los 80, el Estado y la Cámara de la Construcción en una unión perfecta comenzaron a producir viviendas terminadas, llave en mano, de 28 a 40 metros cuadrados; este fue el programa de vivienda básica, PVB, con un valor nominal de entre 10 y 20 mil dólares, con un 5% de ahorro previo, la mitad del valor regalado con el subsidio, y el resto financiado con un crédito hipotecario. Una casa diminuta, en la cual viven cuatro a cinco personas y que no contempla la posibilidad de una ampliación”. [11] De esta manera las empresas constructoras disminuyen los costos de inversión y producción, mientras el Estado, es decir el pueblo, o sea nosotros, pagamos más a medida que aumentan los subsidios, a cambio de viviendas más pequeñas y hechas de materiales más ligeros y baratos.

Posteriormente, durante el Gobierno de Aylwin, se ejecutó el programa de vivienda progresiva PVP, que rescataba algunos de los elementos de la producción social del hábitat y de las capacidades de los sujetos para ampliar y mejorar su vivienda con esfuerzo propio. Sin embargo el PVP duró apenas cinco años y la cámara de la construcción nunca lo aceptó, ya que ello significaba que las personas en vez de comprar nuevas viviendas a las constructoras, compraban los materiales, y ellos mismos construían las viviendas, lo que afectaba directamente la cadena productiva de las empresas constructoras.

Por otra parte, es importante destacar, que desde 1990 en adelante, se incorporaron otros actores al proceso de postulación a la vivienda, entre ellos los PAT (Programas de Asistencia Técnica). Estos tenían por objeto financiar a profesionales que acompañaran los procesos sociales en la postulación, la planificación y la ejecución de obras. Más tarde este programa se transformó en entidades de gestión inmobiliaria social, EGIS, las que aprovechando las condiciones de desregulación imperantes, se desvirtuaron y perdieron su rol de intermediarios entre el Estado y los pobladores, ya que terminan siendo más cercanas a las empresas constructoras que a los postulantes al subsidio, situación que se vio reflejada en que las propias empresas inmobiliarias ofrecían dentro del servicio a estas entidades que claramente estaban al servicio de los intereses de estas empresas.

A partir de 1997, la política habitacional subsidiaria comenzó a hacer crisis por distintas razones. Por un lado las “casas de nylon” en varias villas construidas por MINVU, fueron duramente criticadas por él movimiento de pobladores gestado en este periodo de profundización del Neoliberalismo. Por su parte, los medios de comunicación y la apreciación popular culparon a la constructora de este problema, ya que las constructoras tenían el negocio puesto en las viviendas de más alto estándar, y para que siguieran participando en los llamados del SERVIU, el MINVU tomó dos decisiones que contribuyeron a  bajar, aún más, la calidad de las viviendas de bajo costo.

“La primera de dichas medidas fue subir artificialmente el valor del subsidio. Desde entonces, el valor del subsidio a la vivienda social no ha dejado de hacerlo: de unos 5000 dólares en 1991 para el PVB y el PVP, llegamos en 2010 a 12.500 dólares para el programa Fondo Solidario de Vivienda, FSV;  un aumento que no guarda relación con los costos de construcción, y además, ahora sin crédito: todo regalado y manteniendo  la misma exigencia de ahorro previo de unos 250 dólares”[12].

La segunda decisión grave fue la de bajar las especificaciones técnicas, lo que dio pie a que algunas empresas colocasen menos cementos y materiales impermeables en los blocs; dando como resultado unas viviendas como esponjas, que se deterioraron con las primeras lluvias y que fueron recubiertas de paños de plástico como solución de emergencia: de ahí su nombre de “casas de nylon”. [13]

A partir del año 2000, ya prácticamente no se construyeron viviendas sociales en la trama urbana de las grandes ciudades; los proyectos se realizan en poblados, muy lejos, en la periferia; y se erradican los últimos campamentos. Apareció el subsidio a la localización, que no puede funcionar porque la política de desarrollo urbano no lo secunda. En otras palabras, no se puede realizar una producción masiva de viviendas sin pensar su impacto territorial y urbano. Hablar de la “localización de la vivienda” es hablar de la ciudad.

El impacto de la política de vivienda en la actualidad

Los impactos que ha tenido la política Neoliberal y subsidiaria en la vivienda en Chile tienen muchas aristas, pero entre ellas las más importantes dicen relación en primer lugar con la explosiva cubertura en los últimos 20 años, la que desde 1990 hasta la fecha ha aumentado considerablemente, reduciendo el déficit desde un 30% hasta un 9%. [14] Sin embargo, como se dijo anteriormente, esta reducción del déficit ha traído como consecuencia la disminución de la calidad del material utilizado por las empresas constructoras e inmobiliarias en las mismas y a su vez el aumento de los guetos en las poblaciones alejados del centro y los servicios de transporte, educación y abastecimiento.

Por otra parte, la disminución de la calidad, está relacionado con el aumento del gasto público en forma de subsidios para la construcción de viviendas, situación que a su vez fue aprovechada por las inmobiliarias para subir los precios de las mismas. Lo que se tradujo en un aumento considerable de las ganancias de dichas empresas, esta situación se ejemplifica al establecer que el año 2011 la empresa constructora Salfacorp, tuvo ingresos de $208.925 millones de pesos, sólo en los primeros tres meses de dicho año; por su parte Socovesa, la inmobiliaria más grande del país, el mismo año, creció un 40% en los primeros tres meses, alcanzando los $59.093 millones y agregando un crecimiento de un 24%; Finalmente Besalco, empresa constructora de la familia Bezanilla elevó un 40% sus ingresos hasta $96.500 millones.[15] Todas estas empresas han recibido desde el Fisco unos 27 millones de UF ($623.126 millones) a través de los distintos programas de viviendas para familias vulnerables y 14 millones de UF ($323.102 millones) en los segmentos medios. Al año, en tanto, el Estado asegura el negocio de las empresas constructoras e inmobiliarias con casi 45.000 subsidios en hogares vulnerables y otros 40.000 subsidios en hogares de ingresos medios, de esa forma las empresas dejan de gastar y suben los precios, ya que el subsidio cubre la diferencia del costo de la vivienda que paga la persona. [16]

Sin embargo, no se nos puede olvidar que desde la implementación del subsidio habitacional durante la tiranía de Pinochet,  no sólo se han estado beneficiando de este negocio, las inmobiliarias, ya que este modelo Neoliberal subsidiario posiciona a una burguesía comercial, pero fundamentalmente financiera, la cual ejecuta su negocio a través del sector bancario. En relación a esto, debemos considerar que los bancos que entregan créditos hipotecarios son los siguientes, y que su acumulación de capital , incluida la que se obtiene del crédito hipotecario corresponde a lo siguiente: El Banco de Chile, propiedad de Andrónico Luksic, el que al comparar sus ganancias del mes de abril de 2013 con las de 2014, obtuvo un 8% más de utilidades que el periodo anterior; El Banco BCI, en el mismo periodo sumó un 76,5% de ganancias; por su parte Corp Banca en el mismo mes obtuvo utilidades de un 57,5%; Finalmente el Banco Santander logró utilidades de 46,4% para el mismo periodo. [17]

Para complementar lo anterior, debemos establecer lo que dice el SERNAC, respecto a un crédito hipotecario de UF 1.500 (75% del valor de una propiedad de UF 2000) a 20 años plazo, como puede ser un departamento DFL2 nuevo en la Región Metropolitana, el costo total de dicho crédito hipotecario, se explica en un 61,7% por el capital y un 33% por los intereses, a lo que debe sumar también los seguros y los gastos operacionales. [18]

Finalmente, no podemos obviar el impacto humano que tiene la política de vivienda en nuestro país, ya que en conjunto con otros factores, ha influido directamente en nuestra visión sobre cómo debemos formar una familia, en tal sentido, si no tenemos los recursos suficientes para poder tener un ambiente tranquilo para vivir, si no disponemos de una vivienda amplia y cómoda para que nuestros hijos puedan jugar, divertirse y recrearse, y si ni siquiera podemos tener espacios donde tengamos intimidad y privacidad con nuestra pareja, ya que con muchos niños se vive prácticamente hacinado, todo eso influirá directamente en lo que comprendemos por familia.

Esta situación se confirma con la mayor fragmentación de las familias en Chile, como resultado de la disminución de los metros cuadrados en las viviendas, ya que si en 1992, el promedio era de cinco integrantes por vivienda, en 2002 bajó a cuatro, y ahora incluso se redujo a tres, de 2,7 a 2,9 personas por hogar. Eso significa que si en 1992 éramos 100 personas y cada familia tenía cinco miembros, se necesitaban 20 casas. Hoy, si somos 100 personas, requerimos 33 casas.[19]

Por otra parte, hay que considerar que una caída de 10 puntos en 10 años tuvieron las familias construidas de forma biparental, es decir, con un padre, una madre y dos hijos, las que están siendo reemplazadas por núcleos monoparentales e incluso unipersonales, de 3,4 personas promedio. Esto también se expresa en que el número de casados corresponde a un 27,1%, en tanto los convivientes y separados se duplicaron en los últimos 20 años.

Por otro lado, la CASEN declara que en 2 millones de familias, la mujer es la principal sostenedora, constituyéndose en el 43,4% de la fuerza laboral de Chile, asimismo esta encuesta establece que los menores de 18 años han disminuido cerca del 50% en las familias en Chile. [20]

Finalmente, lo que toda esta información establece es que el pueblo, es decir, la mayoría de la población nacional, no tiene derecho a reproducirse, ya que el negocio de las inmobiliarias y los bancos, no permite que podamos tener pareja e hijos, es decir, sólo debemos estar a su servicio trabajando sin ningún tipo de proyección a futuro. En consecuencia, los únicos que tienen derecho a reproducirse, son los dueños de los bancos y las inmobiliarias, es decir los Lucksic, los Botín, los Solari, los Angelini, los Cueto, los Matte, etc, ellos son los únicos que pueden tener muchos hijos y así colocar huevos en todas las empresas, y de esa manera heredar su propiedad que se acrecienta cada vez más, y nosotros no podemos ni siquiera heredar nuestra casa, ya que nuestro nivel de endeudamiento es tan alto, que cuando seamos adultos mayores con una jubilación indecente, tendremos que regalarle nuestra casa a estos mismos empresarios dueños de la banca a través de la hipoteca inversa.

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